Iñaki Estívaliz
EFE
San Juan.- Un yacimiento arqueológico descubierto en el sur de Puerto Rico el pasado enero puso ayer de manifiesto un nuevo conflicto de jurisdicción entre el gobierno del Estado Libre Asociado (ELA) a EE.UU. y las autoridades federales de este país en la isla caribeña.
El mismo día que el comité de Recursos de la Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó un proyecto de ley que contempla la celebración de un referendo antes de diciembre de 2009 para definir el estatus político de Puerto Rico, el gobierno local reclamó su jurisdicción sobre los restos del antiguo poblado precolombino.
Sobre el terreno en el que se encuentra el yacimiento en el municipio de Ponce (sur) el Cuerpo de Ingenieros de EE.UU. estaba trabajando en la última fase de la construcción de una represa en el Río Portugués para sacar de zonas inundables a unas 13.000 familias con una inversión de 247 millones de dólares.
Las obras quedaron paralizadas el lunes por orden del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), que reclamó su jurisdicción sobre el hallazgo e instó también a que el Cuerpo de Ingenieros desistiera de seguir sacando piezas arqueológicas de la isla para llevarlas al estado de Georgia.
"Las decisiones tomadas responden al reconocimiento de que es el Estado Libre Asociado de Puerto Rico el quien tiene jurisdicción primaria sobre la protección del patrimonio histórico y cultural puertorriqueño", sostuvo hoy el secretario de la Gobernación, Jorge Silva Puras.
"Todo descubrimiento dentro de los límites territoriales del ELA debe ser referido al Consejo Arqueológico Terrestre (dependiente del ICP) para su debida evaluación", añadió en un comunicado de prensa.
Silva Puras aseguró que bajo la tutela del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) de Puerto Rico y el ICP se garantizará "salvaguardar el valor de este importante yacimiento arqueológico" mientras se garantiza la "protección a la vida y a la propiedad de los ponceños".
Informó de que el DRNA está ofreciendo vigilancia las 24 horas en el lugar del yacimiento arqueológico "para evitar posibles saqueos".
En el yacimiento, en el que se han encontrado 66 osamentas en un batey (plaza ceremonial) de 40 metros por 50, 16 piedras talladas con inscripciones indígenas y decenas de artefactos, se han identificado restos de dos periodos indígenas, el "monserrate" (del 700 al 900 después de Cristo) y el "chicoide" (1200-1500).
El director del ICP y presidente del Consejo para la Protección del Patrimonio Arqueológico Terrestre, José Luis Vega, explicó que los trabajos de extracción que realiza en el yacimiento la compañía New South Associates por encargo del Cuerpo de Ingenieros de EE.UU. se han realizado sin la autorización de esas instituciones locales.
Indicó que por medio de una ley de 1988, que regula "el patrimonio del pueblo de Puerto Rico", es el Consejo del ICP el que "tiene jurisdicción sobre todos aquellos proyectos" y "establece ciertas obligaciones respecto a toda obra de excavación" aunque "el Cuerpo de Ingenieros de EE.UU. sea quien realice la obra".
Puerto Rico fue una colonia española hasta 1898, cuando tras la guerra Hispanoamericana pasó a manos de EE.UU. y en 1952 firmó su Constitución como ELA, lo que limita su autonomía en asuntos como protección de fronteras o acuñación de moneda.
La Asamblea General de la ONU sacó a Puerto Rico de la lista de colonias en 1953, aunque desde la década de 1970 el Comité de Descolonización aprueba cada año una resolución apoyando el derecho de los puertorriqueños a su autodeterminación y desde la isla se pide que el caso de la isla se discuta en la Asamblea General.
Los puertorriqueños tienen la ciudadanía estadounidense desde 1917, pero aunque las leyes federales apliquen en Puerto Rico, los boricuas que viven en la isla no tienen derecho a votar en las elecciones presidenciales.
Las ideologías de los tres partidos políticos históricos giran en torno a su postura con respecto al estatus político de la isla.
El Partido Nuevo Progresista (PNP) aboga por la anexión a EE.UU. como estado 51, el Partido Popular Democrático (PPD) defiende el fortalecimiento del ELA pero definiéndolo como soberano, y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) quiere la autodeterminación. EFE
EFE
San Juan.- Un yacimiento arqueológico descubierto en el sur de Puerto Rico el pasado enero puso ayer de manifiesto un nuevo conflicto de jurisdicción entre el gobierno del Estado Libre Asociado (ELA) a EE.UU. y las autoridades federales de este país en la isla caribeña.
El mismo día que el comité de Recursos de la Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó un proyecto de ley que contempla la celebración de un referendo antes de diciembre de 2009 para definir el estatus político de Puerto Rico, el gobierno local reclamó su jurisdicción sobre los restos del antiguo poblado precolombino.
Sobre el terreno en el que se encuentra el yacimiento en el municipio de Ponce (sur) el Cuerpo de Ingenieros de EE.UU. estaba trabajando en la última fase de la construcción de una represa en el Río Portugués para sacar de zonas inundables a unas 13.000 familias con una inversión de 247 millones de dólares.
Las obras quedaron paralizadas el lunes por orden del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), que reclamó su jurisdicción sobre el hallazgo e instó también a que el Cuerpo de Ingenieros desistiera de seguir sacando piezas arqueológicas de la isla para llevarlas al estado de Georgia.
"Las decisiones tomadas responden al reconocimiento de que es el Estado Libre Asociado de Puerto Rico el quien tiene jurisdicción primaria sobre la protección del patrimonio histórico y cultural puertorriqueño", sostuvo hoy el secretario de la Gobernación, Jorge Silva Puras.
"Todo descubrimiento dentro de los límites territoriales del ELA debe ser referido al Consejo Arqueológico Terrestre (dependiente del ICP) para su debida evaluación", añadió en un comunicado de prensa.
Silva Puras aseguró que bajo la tutela del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) de Puerto Rico y el ICP se garantizará "salvaguardar el valor de este importante yacimiento arqueológico" mientras se garantiza la "protección a la vida y a la propiedad de los ponceños".
Informó de que el DRNA está ofreciendo vigilancia las 24 horas en el lugar del yacimiento arqueológico "para evitar posibles saqueos".
En el yacimiento, en el que se han encontrado 66 osamentas en un batey (plaza ceremonial) de 40 metros por 50, 16 piedras talladas con inscripciones indígenas y decenas de artefactos, se han identificado restos de dos periodos indígenas, el "monserrate" (del 700 al 900 después de Cristo) y el "chicoide" (1200-1500).
El director del ICP y presidente del Consejo para la Protección del Patrimonio Arqueológico Terrestre, José Luis Vega, explicó que los trabajos de extracción que realiza en el yacimiento la compañía New South Associates por encargo del Cuerpo de Ingenieros de EE.UU. se han realizado sin la autorización de esas instituciones locales.
Indicó que por medio de una ley de 1988, que regula "el patrimonio del pueblo de Puerto Rico", es el Consejo del ICP el que "tiene jurisdicción sobre todos aquellos proyectos" y "establece ciertas obligaciones respecto a toda obra de excavación" aunque "el Cuerpo de Ingenieros de EE.UU. sea quien realice la obra".
Puerto Rico fue una colonia española hasta 1898, cuando tras la guerra Hispanoamericana pasó a manos de EE.UU. y en 1952 firmó su Constitución como ELA, lo que limita su autonomía en asuntos como protección de fronteras o acuñación de moneda.
La Asamblea General de la ONU sacó a Puerto Rico de la lista de colonias en 1953, aunque desde la década de 1970 el Comité de Descolonización aprueba cada año una resolución apoyando el derecho de los puertorriqueños a su autodeterminación y desde la isla se pide que el caso de la isla se discuta en la Asamblea General.
Los puertorriqueños tienen la ciudadanía estadounidense desde 1917, pero aunque las leyes federales apliquen en Puerto Rico, los boricuas que viven en la isla no tienen derecho a votar en las elecciones presidenciales.
Las ideologías de los tres partidos políticos históricos giran en torno a su postura con respecto al estatus político de la isla.
El Partido Nuevo Progresista (PNP) aboga por la anexión a EE.UU. como estado 51, el Partido Popular Democrático (PPD) defiende el fortalecimiento del ELA pero definiéndolo como soberano, y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) quiere la autodeterminación. EFE
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