Por YAISHA VARGAS,
Associated Press
SAN JUAN (AP) - Un nutrido grupo de arqueólogos y personas relacionadas con el quehacer cultural intentarán paralizar en los tribunales las excavaciones del yacimiento indígena encontrado en la ribera del río Portugués en Ponce, donde el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos construye una represa.
La idea fue propuesta por el profesor José "Che" Paralitici al cabo de una reunión en la que los arqueólogos del Consejo de Arqueología Terrestre, adscritos al Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), exigieron al gobierno que cumpla con la Ley 112, que rige la arqueología en Puerto Rico y que, según ellos, no admite excepciones, ni siquiera del gobierno federal.
"Que se empiece algún tipo de sanción o multa de violación a la Ley 112, especialmente la sección 109, que prohibe sacar piezas (arqueológicas) de Puerto Rico", reclamó Diana López, arqueóloga que representa a la Universidad de Puerto Rico (UPR) en el Consejo.
No fue posible conseguir de inmediato una reacción del Cuerpo de Ingenieros.
En el cónclave, López y Miguel Rodríguez, rector del Centro del Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe y miembro del Consejo, dijeron que ya tenían preparada su renuncia al organismo pues no permitirán que bajo su incumbencia se viole la ley de arqueología que ellos redactaron en la década de 1980.
No obstante, esperarán a una reunión que sostendrá el martes el Consejo, organismo que también está compuesto por el Director Ejecutivo del ICP, el Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), el Director de la Administración de Reglamentos y Permisos y la Oficina Estatal de Conservación Histórica.
El ingeniero de área del Cuerpo de Ingenieros, José Rosado, le confirmó la semana pasada a Prensa Asociada que esa agencia saca las piezas arqueológicas del país para "determinar la procedencia y el valor" de éstas, pero que luego las devuelven a Puerto Rico.
Los arqueólogos del Consejo le pedirán a ese organismo que respalde su recomendación de detener de inmediato las excavaciones porque alegan que se realizaban con maquinaria pesada y que se había removido terreno con restos importantes, lo que impedía estudiar el contexto en el que originalmente fueron halladas las piezas.
También solicitarán que se exija a New South Associates, empresa contratada por el Cuerpo de Ingenieros, que entregue documentos que describan lo hallado y lo que se ha sacado de la Isla.
López sostuvo que, desde enero, el Consejo de Arqueología Terrestre le ha pedido al DRNA que le someta un informe completo sobre lo hallado en Ponce, pero no ha habido respuesta.
"Es inexplicable el silencio del Secretario del DRNA", dijo.
El gobierno sí pondrá allí un arqueólogo independiente que no puede intervenir en el proyecto ni recomendar cambios.
"Está desarmado moral y legalmente", sostuvo Rodríguez.
López y Rodríguez también piden que se enmiende la Ley 112 para que el Consejo esté compuesto únicamente por arqueólogos y no funcionarios estatales.
Dinorah La Luz, del capítulo de Puerto Rico de la Asociación Americana de Juristas, comentó que a este punto "el deber ministerial que tiene el ICP es paralizar la obra".
Elba Anaca Lugo, del Consejo General de Taínos Borincanos, dijo que miembros de su organización entraron a las excavaciones el fin de semana, se esposaron frente a los monolitos principales y lloraron.
"No se respetan los principios espirituales... los restos de nuestros abuelos no son para ponerlos en una bolsita y sacarlos del país", dijo.
Jalil Sued, historiador y profesor de la UPR, señaló que en Ponce estuvo ubicado "el primer cacicazgo antillano... era el cacicazgo de Agüeybaná".
Ricardo Alegría, uno de los principales responsables de la conservación del patrimonio cultural en Puerto Rico, dijo que el yacimiento ponceño es "sumamente importante".
Señaló que la ética en la arqueología dicta que "nadie se mete en otro país o en otro estado sin consultar con los organismos nacionales".
Calificó la participación de New South Associates como "una privatización de la arqueología".
Copyright 2007 The Associated Press.
SAN JUAN (AP) - Un nutrido grupo de arqueólogos y personas relacionadas con el quehacer cultural intentarán paralizar en los tribunales las excavaciones del yacimiento indígena encontrado en la ribera del río Portugués en Ponce, donde el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos construye una represa.
La idea fue propuesta por el profesor José "Che" Paralitici al cabo de una reunión en la que los arqueólogos del Consejo de Arqueología Terrestre, adscritos al Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), exigieron al gobierno que cumpla con la Ley 112, que rige la arqueología en Puerto Rico y que, según ellos, no admite excepciones, ni siquiera del gobierno federal.
"Que se empiece algún tipo de sanción o multa de violación a la Ley 112, especialmente la sección 109, que prohibe sacar piezas (arqueológicas) de Puerto Rico", reclamó Diana López, arqueóloga que representa a la Universidad de Puerto Rico (UPR) en el Consejo.
No fue posible conseguir de inmediato una reacción del Cuerpo de Ingenieros.
En el cónclave, López y Miguel Rodríguez, rector del Centro del Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe y miembro del Consejo, dijeron que ya tenían preparada su renuncia al organismo pues no permitirán que bajo su incumbencia se viole la ley de arqueología que ellos redactaron en la década de 1980.
No obstante, esperarán a una reunión que sostendrá el martes el Consejo, organismo que también está compuesto por el Director Ejecutivo del ICP, el Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), el Director de la Administración de Reglamentos y Permisos y la Oficina Estatal de Conservación Histórica.
El ingeniero de área del Cuerpo de Ingenieros, José Rosado, le confirmó la semana pasada a Prensa Asociada que esa agencia saca las piezas arqueológicas del país para "determinar la procedencia y el valor" de éstas, pero que luego las devuelven a Puerto Rico.
Los arqueólogos del Consejo le pedirán a ese organismo que respalde su recomendación de detener de inmediato las excavaciones porque alegan que se realizaban con maquinaria pesada y que se había removido terreno con restos importantes, lo que impedía estudiar el contexto en el que originalmente fueron halladas las piezas.
También solicitarán que se exija a New South Associates, empresa contratada por el Cuerpo de Ingenieros, que entregue documentos que describan lo hallado y lo que se ha sacado de la Isla.
López sostuvo que, desde enero, el Consejo de Arqueología Terrestre le ha pedido al DRNA que le someta un informe completo sobre lo hallado en Ponce, pero no ha habido respuesta.
"Es inexplicable el silencio del Secretario del DRNA", dijo.
El gobierno sí pondrá allí un arqueólogo independiente que no puede intervenir en el proyecto ni recomendar cambios.
"Está desarmado moral y legalmente", sostuvo Rodríguez.
López y Rodríguez también piden que se enmiende la Ley 112 para que el Consejo esté compuesto únicamente por arqueólogos y no funcionarios estatales.
Dinorah La Luz, del capítulo de Puerto Rico de la Asociación Americana de Juristas, comentó que a este punto "el deber ministerial que tiene el ICP es paralizar la obra".
Elba Anaca Lugo, del Consejo General de Taínos Borincanos, dijo que miembros de su organización entraron a las excavaciones el fin de semana, se esposaron frente a los monolitos principales y lloraron.
"No se respetan los principios espirituales... los restos de nuestros abuelos no son para ponerlos en una bolsita y sacarlos del país", dijo.
Jalil Sued, historiador y profesor de la UPR, señaló que en Ponce estuvo ubicado "el primer cacicazgo antillano... era el cacicazgo de Agüeybaná".
Ricardo Alegría, uno de los principales responsables de la conservación del patrimonio cultural en Puerto Rico, dijo que el yacimiento ponceño es "sumamente importante".
Señaló que la ética en la arqueología dicta que "nadie se mete en otro país o en otro estado sin consultar con los organismos nacionales".
Calificó la participación de New South Associates como "una privatización de la arqueología".
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