Hace 25 años se conocía de yacimiento en Ponce
Cándida Cotto
ccotto@claridadpuertorico.com
Desde mediados de la década de 1980 el sector Jácanas en Ponce fue identificado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (CIE-EU) como un lugar con yacimientos arqueológicos y también figura en el inventario del Registro de Lugares de Yacimientos Arqueológicos del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP). Así lo aseguraron los jóvenes arqueólogos Jaime Pagán Jiménez y Marinés Colón González, de la Coalición Puertorriqueña de Arqueología (CPA).
“Nos encontramos en el 2007 con un sitio arqueológico que casi nunca se encuentra en las investigaciones rutinarias que se hacen en Puerto Rico, lo que todo arqueólogo soñaría encontrarse algún día”, afirmaron sobre la importancia del hallazgo durante una entrevista con este semanario.
La pareja de arqueólogos reveló que la identificación del sector como uno con yacimientos arqueológicos se hizo como parte de los estudios requeridos para el programa de control de inundaciones que el CIE iba a llevar a cabo en la zona de Ponce a mediados de los 80. El CIE contrató a la compañía norteamericana New South (NS), la cual radica en Atlanta, para hacer la investigación. El lugar fue identificado como Ponce -029, hoy conocido como Jácanas. NS es la misma compañía que los arqueólogos puertorriqueños denunciaron que está saqueando y mutilando el yacimiento.
El hecho de que el ICP tuviese conocimiento desde esa fecha de que existía ese lugar le imponía, al igual que a la Oficina de Preservación Histórica (OPH), ser más diligentes en cuanto a procurar su protección. Pagán Jiménez y Colón González acusaron que lo sucedido en Jácanas con el yacimiento arqueológico contiene violaciones tanto a leyes de Puerto Rico como de Estados Unidos. Los expertos en arqueología indicaron que antes de la creación de la OPH, el ICP era el responsable de manejar lo relacionado a yacimientos arqueológicos. La OPH, adscrita a la Fortaleza, fue creada a finales de los años 70 y se le responsabilizó de manejar todos los asuntos federales relacionados con la Sección 106 de lo que se conoce como el “National Historic Preservation Act”.
“Desde ese momento se dislocó la práctica arqueológica, al menos en términos de los procedimientos requeridos por ley de velar y estudiar los recursos culturales. Se separaron los intereses de Preservación Histórica y del Instituto y ya ahí siguió cada cual por su lado”.
Lo ocurrido en Ponce es un ejemplo máximo de esta situación. Los hechos se desarrollaron como siguen: En el 1985 la New South redactó el primer informe oficial, documentando el sitio arqueológico. En los 90 se hace una segunda intervención por parte de esa misma compañía y determina presentar evidencia más clara de lo que allí había. Todavía en ese entonces no se conocía la magnitud del hallazgo. En el 2006, continuando con el proyecto de control de inundaciones, el CIE vuelve a contratar a la compañía News South y ésta a su vez hace un estudio de Fase 2.
Pagán Jiménez, con doctorado en arqueología, y Colón Jiménez, con maestría, ambos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicaron que en un estudio de fase 2 el investigador puede determinar la extensión vertical (es decir de tiempo, profundidad) y la extensión horizontal del recurso arqueológico que se haya descubierto.
A partir de 2006, en el informe de New South se establece la importancia del lugar arqueológico y la posibilidad de que allí hubiese plazas en línea.
“Ya desde el 2006 se sabía que el sitio era sumamente importante. En el 2007 se inicia la labor de fase 3 que en este caso es una mitigación. Se parte del hecho de que no se puede preservar el sitio, posiblemente por la importancia del proyecto (quiere decir la represa) y la mitigación lo que hace es formular un proyecto en el cual se sustrae el recurso que va a ser impactado para proteger los materiales y eliminar los impactos”.
La arqueóloga Colón González añadió: “Estamos hablando también de la Oficina Estatal de Preservación Histórica que estuvo monitoreando los trabajos desde el principio y aprobó cada una de las partes del trabajo de Fase 2, el Informe Final de la Fase 2, aprobó la propuesta de Fase 3, como los trabajos que se estaban llevando a cabo de esta fase. Se cae de la mata, cualquiera de nosotros con un mínimo de conocimiento en arqueología y con un mínimo de respeto a la conservación de nuestros recursos, sabe que lo que hicieron allí fue una mutilación, fue una porquería”, manifestó enfática.
Sobre las denuncias de que New South ha sacado piezas fuera de Puerto Rico los entrevistados aclararon que hablar de número piezas que se hayan sustraído es bien difícil porque en la arqueología se trabaja con fragmentos de cosas. Aunque hicieron la salvedad de que “en este tipo de asentamiento de significativa importancia para nuestra arqueología tiene que haber habido artefactos completos”.
Calificaron de absurdo, información divulgada en la prensa, de que se han llevado 25 piezas. “En un sitio como ése, a estas alturas se han tenido que llevar miles de piezas. Además, los restos humanos, la importancia de lo que se ha excavado, las condiciones en que han escavado los esqueletales, no se sabe si los cuerpos están en Puerto Rico o ya los sacaron. O sea, las violaciones han sido tantas…”, reiteró.
Cándida Cotto
ccotto@claridadpuertorico.com
Desde mediados de la década de 1980 el sector Jácanas en Ponce fue identificado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (CIE-EU) como un lugar con yacimientos arqueológicos y también figura en el inventario del Registro de Lugares de Yacimientos Arqueológicos del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP). Así lo aseguraron los jóvenes arqueólogos Jaime Pagán Jiménez y Marinés Colón González, de la Coalición Puertorriqueña de Arqueología (CPA).
“Nos encontramos en el 2007 con un sitio arqueológico que casi nunca se encuentra en las investigaciones rutinarias que se hacen en Puerto Rico, lo que todo arqueólogo soñaría encontrarse algún día”, afirmaron sobre la importancia del hallazgo durante una entrevista con este semanario.
La pareja de arqueólogos reveló que la identificación del sector como uno con yacimientos arqueológicos se hizo como parte de los estudios requeridos para el programa de control de inundaciones que el CIE iba a llevar a cabo en la zona de Ponce a mediados de los 80. El CIE contrató a la compañía norteamericana New South (NS), la cual radica en Atlanta, para hacer la investigación. El lugar fue identificado como Ponce -029, hoy conocido como Jácanas. NS es la misma compañía que los arqueólogos puertorriqueños denunciaron que está saqueando y mutilando el yacimiento.
El hecho de que el ICP tuviese conocimiento desde esa fecha de que existía ese lugar le imponía, al igual que a la Oficina de Preservación Histórica (OPH), ser más diligentes en cuanto a procurar su protección. Pagán Jiménez y Colón González acusaron que lo sucedido en Jácanas con el yacimiento arqueológico contiene violaciones tanto a leyes de Puerto Rico como de Estados Unidos. Los expertos en arqueología indicaron que antes de la creación de la OPH, el ICP era el responsable de manejar lo relacionado a yacimientos arqueológicos. La OPH, adscrita a la Fortaleza, fue creada a finales de los años 70 y se le responsabilizó de manejar todos los asuntos federales relacionados con la Sección 106 de lo que se conoce como el “National Historic Preservation Act”.
“Desde ese momento se dislocó la práctica arqueológica, al menos en términos de los procedimientos requeridos por ley de velar y estudiar los recursos culturales. Se separaron los intereses de Preservación Histórica y del Instituto y ya ahí siguió cada cual por su lado”.
Lo ocurrido en Ponce es un ejemplo máximo de esta situación. Los hechos se desarrollaron como siguen: En el 1985 la New South redactó el primer informe oficial, documentando el sitio arqueológico. En los 90 se hace una segunda intervención por parte de esa misma compañía y determina presentar evidencia más clara de lo que allí había. Todavía en ese entonces no se conocía la magnitud del hallazgo. En el 2006, continuando con el proyecto de control de inundaciones, el CIE vuelve a contratar a la compañía News South y ésta a su vez hace un estudio de Fase 2.
Pagán Jiménez, con doctorado en arqueología, y Colón Jiménez, con maestría, ambos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicaron que en un estudio de fase 2 el investigador puede determinar la extensión vertical (es decir de tiempo, profundidad) y la extensión horizontal del recurso arqueológico que se haya descubierto.
A partir de 2006, en el informe de New South se establece la importancia del lugar arqueológico y la posibilidad de que allí hubiese plazas en línea.
“Ya desde el 2006 se sabía que el sitio era sumamente importante. En el 2007 se inicia la labor de fase 3 que en este caso es una mitigación. Se parte del hecho de que no se puede preservar el sitio, posiblemente por la importancia del proyecto (quiere decir la represa) y la mitigación lo que hace es formular un proyecto en el cual se sustrae el recurso que va a ser impactado para proteger los materiales y eliminar los impactos”.
La arqueóloga Colón González añadió: “Estamos hablando también de la Oficina Estatal de Preservación Histórica que estuvo monitoreando los trabajos desde el principio y aprobó cada una de las partes del trabajo de Fase 2, el Informe Final de la Fase 2, aprobó la propuesta de Fase 3, como los trabajos que se estaban llevando a cabo de esta fase. Se cae de la mata, cualquiera de nosotros con un mínimo de conocimiento en arqueología y con un mínimo de respeto a la conservación de nuestros recursos, sabe que lo que hicieron allí fue una mutilación, fue una porquería”, manifestó enfática.
Sobre las denuncias de que New South ha sacado piezas fuera de Puerto Rico los entrevistados aclararon que hablar de número piezas que se hayan sustraído es bien difícil porque en la arqueología se trabaja con fragmentos de cosas. Aunque hicieron la salvedad de que “en este tipo de asentamiento de significativa importancia para nuestra arqueología tiene que haber habido artefactos completos”.
Calificaron de absurdo, información divulgada en la prensa, de que se han llevado 25 piezas. “En un sitio como ése, a estas alturas se han tenido que llevar miles de piezas. Además, los restos humanos, la importancia de lo que se ha excavado, las condiciones en que han escavado los esqueletales, no se sabe si los cuerpos están en Puerto Rico o ya los sacaron. O sea, las violaciones han sido tantas…”, reiteró.
Los arqueólogos denunciaron que el CIE, “nunca ha devuelto nada. Desde los 80 están haciendo estudios aquí y nunca han devuelto nada. Es uso y costumbre no comunicarse con el Consejo, es uso y costumbre no devolver las piezas”. En el caso de Jácanas, se presume que las piezas extraídas están siendo llevadas a las oficinas de New South en Atlanta y de ahí enviadas a otros especialistas para ser “analizadas”.
Con la experiencia del huracán Katrina y bajo la excusa de la “seguridad nacional” el CIE reanudó sus proyectos de canalización y control de inundaciones con lo que han afianzado la práctica de no comunicarse con los consejos estatales de Arqueología y otras entidades.
Los portavoces de la Coalición aclararon que no están en contra de la construcción de la represa. Ambas acciones son compatibles, la continuación del proyecto y la conservación total del hallazgo. El problema es que hasta el momento no hay ningún acuerdo por escrito entre el Gobierno y el CIE de que se vaya a preservar el lugar y de que el material se trate de manera adecuada.
“Por la forma en que se está trabajando ahora sería totalmente imposible crear un centro interpretativo porque la compañía News South está haciendo sus excavaciones de manera tan deficiente que gran cantidad de la información que los especialistas en arqueología pudieran tener se está perdiendo. A final de cuentas, si ellos siguen ahí y luego se abre el sitio, va haber unas hileras de piedras y no mucho que decir de los que allí vivieron, y lo que hacían; no va haber interpretación posible de la vivencia”.
“Lo maravilloso de este sitio es que tiene una frecuencia de ocupación increíble, de casi mil años. Ese es el laboratorio perfecto para un arqueólogo que sepa hacer el trabajo bien”, expresó Colón González.
Según los arqueólogos, la Coalición se mantendrá alerta respecto a la acción del Gobierno por hacer cumplir la Ley 112 y no descartaron el uso de una acción legal. Mientras, se proponen elevar la situación a nivel internacional y presentarla ante la UNESCO con carácter de urgencia.
No obstante, los arqueólogos entrevistados identificaron un saldo positivo sobre lo ocurrido con el yacimiento de Jácanas. “Una cosa tan negativa para nuestro patrimonio arqueológico ha resultado en una exposición para una disciplina tan importante para nosotros los puertorriqueños como lo es la arqueología. Una disciplina que se encarga de estudiar lo que es nuestro pasado, lo que constituye nuestras capas anteriores y constituye lo que es ser puertorriqueño. Nunca hemos estado al margen del desarrollo social de lo puertorriqueño, pero siempre lo hicimos desde la invisibilidad. Esperamos que de una buena vez, el Gobierno, las universidades públicas y otras instituciones se den cuenta que esto es una disciplina seria, que produce conocimiento y que puede cambiar muchas cosas, nuestra propia visión como seres humanos y del mundo en que vivimos”.
Los portavoces de la Coalición aclararon que no están en contra de la construcción de la represa. Ambas acciones son compatibles, la continuación del proyecto y la conservación total del hallazgo. El problema es que hasta el momento no hay ningún acuerdo por escrito entre el Gobierno y el CIE de que se vaya a preservar el lugar y de que el material se trate de manera adecuada.
“Por la forma en que se está trabajando ahora sería totalmente imposible crear un centro interpretativo porque la compañía News South está haciendo sus excavaciones de manera tan deficiente que gran cantidad de la información que los especialistas en arqueología pudieran tener se está perdiendo. A final de cuentas, si ellos siguen ahí y luego se abre el sitio, va haber unas hileras de piedras y no mucho que decir de los que allí vivieron, y lo que hacían; no va haber interpretación posible de la vivencia”.
“Lo maravilloso de este sitio es que tiene una frecuencia de ocupación increíble, de casi mil años. Ese es el laboratorio perfecto para un arqueólogo que sepa hacer el trabajo bien”, expresó Colón González.
Según los arqueólogos, la Coalición se mantendrá alerta respecto a la acción del Gobierno por hacer cumplir la Ley 112 y no descartaron el uso de una acción legal. Mientras, se proponen elevar la situación a nivel internacional y presentarla ante la UNESCO con carácter de urgencia.
No obstante, los arqueólogos entrevistados identificaron un saldo positivo sobre lo ocurrido con el yacimiento de Jácanas. “Una cosa tan negativa para nuestro patrimonio arqueológico ha resultado en una exposición para una disciplina tan importante para nosotros los puertorriqueños como lo es la arqueología. Una disciplina que se encarga de estudiar lo que es nuestro pasado, lo que constituye nuestras capas anteriores y constituye lo que es ser puertorriqueño. Nunca hemos estado al margen del desarrollo social de lo puertorriqueño, pero siempre lo hicimos desde la invisibilidad. Esperamos que de una buena vez, el Gobierno, las universidades públicas y otras instituciones se den cuenta que esto es una disciplina seria, que produce conocimiento y que puede cambiar muchas cosas, nuestra propia visión como seres humanos y del mundo en que vivimos”.
