Abrirán depósito arqueológico tras polémica por Jácanas

Evitará que valiosos hallazgos sean sacados de la Isla.

Por Sandra Caquías Cruz / end.scaquias@elnuevodia.com

La controversia que desató el yacimiento arqueológico Jácanas en Ponce, a metros de donde se construye la represa Portugués, dio paso a dos importantes proyectos dirigidos a preservar la arqueología: un depósito para piezas y un megaparque arqueológico.

El director del Instituto de Cultura Puertorriqueña, José Luis Vega, explicó que para el depósito arqueológico ya han evaluado dos lugares. Uno de ellos es un hangar en Isla Grande y el otro es un local en Canóvanas, propiedad de la Autoridad de Tierras. “Tenemos estudios de costos y esperamos que pronto Puerto Rico tenga el depósito arqueológico que tanta falta hace”, indicó.

El alcalde de Ponce, Francisco Zayas Seijo, reiteró por su lado su propuesta de ayudar con fondos municipales para que el depósito se establezca en la Perla del Sur, donde ya se han identificado sobre una veintena de yacimientos y donde se constituyó el grupo Ciudadanos por Jácanas para reclamar la conservación de la arqueología encontrada en los terrenos de esta ciudad.
sondeo

Uno de los yacimientos más importantes encontrados en Ponce es el Tibes y está a pocos metros de donde a mediados del pasado año se descubrió Jácanas. El director del ICP especificó otros tres yacimientos identificados, en esa zona, pero no han sido excavados.

Jácanas, con un batey bordeado de enormes piedras con petroglifos, recién comenzó a ser cubierto con una membrana sobre la cual colocarán un aluvión y más tarde material vegetal, indicó Aida B. Rivera Ruiz, directora ejecutiva de la Oficina Estatal de Conservación Histórica.

Rivera Ruiz explicó que es posible que, una vez se construya la represa, ocasionalmente el lugar quede bajo agua. Antes de ser encontrado el yacimiento, se proyectaba que en esa área iba a estar el depósito para la corteza terrestre procedente de la construcción de la represa. El hallazgo ocasionó un cambio de esos planes.

El director del ICP, quien indicó que ya se presentó un anteproyecto para el desarrollo del parque arqueológico en Tibes, dijo que comenzaron gestiones para que el desarrollo de Jácanas sea parte de las áreas recreativas que se construirán como parte del plan de mitigación por la represa.

Photo: El arqueólogo Natalie Bode Moutjoy resaltó con carbón un petroglifo en Jácanas.

Fuente: http://www.elnuevodia.com/diario/noticia/puertoricohoy/noticias/abriran_deposito_arqueologico_tras_polemica_por_jacanas/391280

Comunicado de Prensa: Represión a los descendientes del pueblo Taíno-Boricua y del pueblo de Puerto Rico

El Consejo General de Tainos Borincanos había pautado para el día 12 de abril limpiar el río Bucaná en Jácanas, Tibes, Ponce y su intento fue impedido por el Departamento de Recursos Naturales.

El Consejo General de Tainos Borincanos habiendo propuesto como parte de sus actividades pro-conservación y respeto, la limpieza del río Bucaná para resarcir el daño causado al yacimiento sagrado de Jacanas, Ponce, PR y a su integridad; ha realizado gestiones pertinentes por distintos canales de comunicación desde principios de febrero y nunca le fueron contestadas
oficialmente sus solicitudes a agencias gubernamentales, el Departamento de Recursos Naturales, el Instituto de Cultura Puertorriqueña y distintos departamentos las cuales fueron contactadas a través de fax, teléfono, cartas y en persona.

El Departamento de Recursos Naturales nos envió correspondencia tardía y confusa donde nunca se nos dio orientación pertinente respecto a los procedimientos para llevar a cabo la actividad, sin embargo aludía que debíamos tener el aval de agencias federales para limpiar nuestros ríos y
proteger la Madre Tierra.

El día 11 de abril se recibió una visita en un área establecida para realizar la actividad de agentes de Recursos Naturales indicándonos que NO podíamos llevar a cabo la actividad y que habían recibido órdenes de sus superiores en San Juan. Del mismo modo lideres del Consejo le peticionamos que ley hay que nos prohíbe la limpieza del río y que violación constituye dicha acción, a lo que NO recibimos respuesta. Esto es irónico cuando el gobierno y el Departamento de Recursos Naturales invierten tanto dinero y energía en anuncios instando al pueblo de Puerto Rico a que se movilice en la limpieza de nuestro ambiente y que ellos mismos van en contra de sus propósitos como organización.

Esta situación es especialmente penosa dado que la basura se sigue acumulando y contaminando tan importante lugar y NO hay ni siquiera rótulos que indiquen que NO se tire basura, lo que atenta contra la dignidad y respeto de la memoria de nuestros ancestros y en general del pueblo de Puerto Rico.

Según lo que esta ocurriendo actualmente en Puerto Rico a través de esta situación podemos ver el estado de represión a los descendientes del pueblo Taíno-Boricua y del pueblo de Puerto Rico lo que constituye un discrimen y violación de ley al ejercimiento de sus derechos.

Le pedimos apoyo a las comunidades boricuas ambientales, culturales, e indígenas así como organizaciones de derechos internacionales indígenas para hacer respetar nuestros derechos como pueblo y el ejercimiento y la protección de nuestro legado patrimonial.

Para recibir el apoyo, respaldo, reacciones, e ideas escribir a anacaotoao@hotmail.com o llamar a 787-568-1547 o 787-858-4855.

Contamos con tu apoyo,
El Consejo General de Tainos Borincanos
http://naciontaino.blogspot.com/

Reclamo Sagrado y Gran Actividad de Limpieza de Jacanas en Ponce

Abril 11, 12 y 13, 2008

Organizado por el Consejo General de Tainos Borincanos

El Consejo General de Taínos Borincanos junto a otras organizaciones y agencias les invita al Reclamo Sagrado y Gran Limpieza de Jacanas los días 11, 12 y 13 de Abril de 2008. Invitamos cordialmente a todo el pueblo de Puerto Rico, a comunidades y agrupaciones indígenas a unirse en este noble esfuerzo para la conservación y respeto de la memoria de nuestros abuelos ancestrales y su legado. Sea parte de esta magna actividad que se llevará a cabo en nuestras áreas sagradas en Jacanas, Ponce con el fin de defender el patrimonio nacional ancestral indígena así como la integridad general de todo su entorno natural. La actividad comienza desde el viernes 11 de abril a las 3:00 pm en los predios del campamento. Habrá áreas para acampar disponibles. El día 12 limpiaremos el área y el día 13 les orientaremos sobre el significado cultural, ambiental y espiritual del área. Para participar, direcciones o más información de la actividad, comuníquese con Elba Anaca Lugo al 787-568-1547 ó 787-760-5078, o con la Abuela Shashira al 787-858-4855. También puede dirigirse directamente a la actividad el día 11, 12 ó 13 de abril.

¡La Madre Tierra cuenta con tu ayuda! ¡Les esperamos!”

Con 'yucayekes' fuera de la Isla los neotaínos

Extienden sus ramas a Texas, Nueva York y también a la vecina República Dominicana.

Por Eugenio Hopgood Dávila / ehopgood@elnuevodia.com

Los nuevos taínos de Puerto Rico no viven en yucayekes (poblados) ni en comunas, ni andan con sus atuendos indígenas a diario, pero su campo de acción va desde la celebración de rituales religiosos en cavernas hasta la presentación de ponencias en foros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La cantidad y ubicación de los neotaínos no está muy clara, pero se sabe que hay diversas organizaciones que varían en sus creencias y métodos, algunas con conflictos entre sí.

Martín Veguilla, Cacibaopil, cacique del Concilio Taíno Guacu-Matú a Borikén, asegura que su grupo tiene unos 320 miembros en la Isla y algunos núcleos dispersos en Texas y República Dominicana. “Soy como un misionero, apoyo grupos en diferentes pueblos. Ahora estoy trabajando Comerío. Empecé en Levittown, luego Loíza, Vega Alta, Vega Baja y Maricao”, dice.

Elba Lugo, conocida como Anaca, es más parca en cuanto a la descripción de su membresía, pero dice tener cientos de taínos en su Consejo General de Taínos Borinkanos (CGTB).

“Hemos tenido cientos de miembros porque lo de nosotros es formar grupos que luego son autónomos, y si siguen fieles a los principios taínos, los seguimos reconociendo”, explica Anaca. “Ya el Consejo está en niveles que tenemos que ir a deponer en la ONU en mayo sobre la situación de Borikén y vamos a entrar en el caso de Jácana”, añade, en alusión al yacimiento arqueológico recién descubierto en Ponce y sobre el que tanto arqueólogos como “taínos” han criticado su manejo.

Para sus gestiones internacionales, Anaca seguro contará con el apoyo de Roberto “Múkaro” Borrero, a quien el Consejo considera su “embajador ante la ONU” y que como cacique indiscutible de lo que podría llamarse los “tainoricans”, encabeza la United Confederation of Taíno People con sede en Nueva York.

Para ver el artículo completo, favor visite:

http://www.elnuevodia.com/diario/noticia/puertoricohoy/noticias/con_yucayekes_fuera_de_la_isla_los_neotainos/382158

Tercer Encuentro del Consejo Taino con la comunidad Jacanas

Jacanas, Boriken (UCTP Taino News) - El Consejo General de Tainos Borincanos llevó a cabo su tercera reunión de la comunidad en el sitio Jacanas PO29 en Ponce, Puerto Rico este fin de semana (15-16 Dec.). Activistas Tainos y sus partidiarios alrededor de la isla, celebrarone dicha reunión con los residentes locales así como arqueólogos interesados para lograr planear estrategias con respecto a la controvensia de este sitio arqueológico.

Talleres, discusiones, presentaciones culturales, y ceremonias fueron conducidos por varios representantes del Consejo.

Con el apoyo de la Confederación Unida del Pueblo Taino (UCTP) y preocupados miembros de la comunidad, el Consejo ha mantenido una vigilancia constante así como un campamento de información en Jacanas.

Entre los futuros proyectos del Consejo se encuentra una limpieza principal del área en febrero 2008.

Photo: Cortesía de Connie Laboy

¿Quién permitió la destrucción del yacimiento en Ponce?

Norma Medina-Carrillo* Especial para Claridad

Es de conocimiento público, que las técnicas y procedimientos de excavación arqueológica que se efectuaron en el yacimiento del Río Baramaya (Portugués) en el barrio Jácanas del sector Baramaya, en Ponce, constituyen una flagrante violación a todos los estándares de investigación arqueológica establecidos en las reglamentaciones vigentes, tanto estatales, como federales, como internacionales.

Los arqueólogos contratados por el Cuerpo de Ingenieros han removido del lugar más de 66 osamentas de nuestros ancestros, sin mediar el protocolo adecuado de antropología forense, ni la autorización legal requerida para realizar el levantamiento, sin establecer la cadena de custodia, como se requiere al transportar este tipo de material arqueológico y sin informar ni solicitar autorización a las autoridades arqueológicas locales. Además, gran parte de los materiales excavados han sido sacados de Puerto Rico, sin mediar la autorización de Consejo de Arqueología Terrestre, en crasa violación a la Ley 112 y a todos los cánones de ética locales e internacionales. Esta flagrante violación de los procedimientos arqueológicos apropiados y a los variados aspectos legales que conlleva el trabajo arqueológico en Puerto Rico, se produjo bajo la autorización de la Oficina Estatal de Conservación Histórica de Puerto Rico, entidad adscrita a La Fortaleza, en acuerdo con el Departamento de Recursos Naturales.

¿Traición al patrimonio del Pueblo de Puerto Rico?

La Oficina Estatal de Conservación Histórica es una oficina adscrita a La Fortaleza, por tanto responde directamente al poder ejecutivo. Esta oficina asesora al gobernador en los aspectos relativos a la implementación en Puerto Rico del “National Historic Preservation Act” de 1966. Esta es la ley aprobada por el Congreso estadounidense que regula los aspectos de conservación histórica de los Estados Unidos y sus territorios. De otra parte, el Consejo de Arqueología Terrestre es el organismo regulador de la Ley 112, “Ley para la Protección del Patrimonio Arqueológico Terrestre de Puerto Rico”, aprobada en 20 de julio de 1988. Bajo la Ley 112, ambas agencias, Recursos Naturales y la Oficina Estatal de Conservación Histórica, participan y forman parte activa como miembros del Consejo de Arqueología Terrestre con derecho a voz y voto en todas las determinaciones del Consejo. La alegación por parte del Director del Consejo de Arqueología Terrestre, Dr. José Luis Vega, consistió en que estos funcionarios le ocultaron al Consejo de Arqueología Terrestre (del cual ambos son miembros activos) la información sobre el trascendental hallazgo arqueológico del Río Baramaya, incurriendo ambos funcionarios, como miembros de Consejo, en conducta anti-ética.

De resultar cierto el señalamiento, el comportamiento de estos funcionarios gubernamentales, en términos prácticos, constituye una alta traición a los intereses patrimoniales del “Pueblo de Puerto Rico” que ambos juramentaron representar antes de asumir el cargo. Cuando el “Pueblo de Puerto Rico” representado bajo la Ley 112 por el Consejo de Arqueología Terrestre, se entera mediante la prensa escrita del hallazgo del poblado precolombino del Río Baramaya, le reclama explicaciones a ambos funcionarios. La respuesta que estos ofrecen se escuda en que el proyecto ocurre amparado en la “Ley Federal” conocida como Acta Nacional de Conservación Histórica, específicamente bajo la estipulaciones de “36 CFR del Advisory Council”, que ellos interpretan como una Ley que se impone sobre la estatal Ley 112 y bajo la cual, aluden que no tienen que darle explicaciones al Consejo de Arqueología Terrestre ni al “Pueblo de Puerto Rico”. Bajo esta mentira se escudan estos funcionarios estatales, para permitirse el atropello a las leyes del Estado Libre Asociado y de paso permitir la destrucción y el saqueo del recurso arqueológico por una compañía estadounidense de arqueología de contrato, la New South Associates.

Sobre este delicado y bochornoso asunto, en primer lugar, queremos señalar que todas las leyes existentes para la conservación del patrimonio cultural, tanto estatales, como federales e internacionales, se amparan en un mismo espíritu y en los mismos principios de proteger, conservar y valorar el patrimonio cultural, histórico, arqueológico y arquitectónico de los pueblos. Cuando interpretamos las legislaciones internacionales para la protección del patrimonio, se parte del criterio de que todos los pueblos son custodios de elementos que le pertenecen a todos los seres humanos, por lo tanto son leyes de consideración nacional y universal. De esta forma se establece en todas las declaraciones internacionales vigentes, desde la Carta de Atenas sobre la conservación de los monumentos de arte e historia de Octubre 1931; la Recomendación que define los principios internacionales que deberán aplicarse a las excavaciones arqueológicas. Nueva Delhi, 1956; la Carta de Venecia, mayo 1964; las Normas de Quito, 1967; la Carta internacional para la gestión del patrimonio arqueológico. ICOMOS. 1990; Declaración de la ciudad de México. 5 y 6 de abril del 2000; la Declaración de Tlaxcala y muchísimos otros documentos y acuerdos internacionales firmados por casi todas las naciones incluyendo a Estados Unidos. Sobre este asunto también existe una amplia legislación producida por la UNESCO la cual está a disposición de todas las naciones comprometidas con la salvaguarda de su patrimonio cultural.

En segundo lugar, queremos desmentir el dato de que la Ley Federal “cancela”, se “impone” o “va sobre” las Leyes Estatales de Protección del Patrimonio Arqueológico. En términos del Acta Nacional de Preservación Histórica y su implementación para la protección del patrimonio cultural del pueblo de los Estados Unidos ésta se aplica en todos aquellos estados y territorios donde no existieran leyes locales que protegieran los recursos patrimoniales de igual o mayor rigor que el Acta. En su sección “36 CFR PART 800 -- PROTECTION OF HISTORIC PROPERTIES”, especifica en “Subpart A-Purposes and Participants (3) Representatives of local governments: A representative of a local government with jurisdiction over the area in which the effects of an undertaking may occur is entitled to participate as a consulting party. Under other provisions of Federal law, the local government may be authorized to act as the agency official for purposes of section 106”.

La Ley Federal estipula a través de toda la Sección 106 que esta Acta Nacional de Conservación Histórica, se conducirá en acuerdo con todos los “Consulting parties”, “gobiernos locales y organizaciones”, “comunidades” y “organizaciones e individuos para asegurar que propiedades históricas sean tomadas en consideración a todos los niveles de planificación y desarrollo”. El Acta incluye además, a “tribus indias y organización Nativa Hawaiana” (Indian tribes and Native Hawaiian organization). Es indiscutiblemente evidente que el Acta Nacional de Conservación Histórica no apela a ignorar a las agencias gubernamentales locales, ni a la comunidad donde se aplica el Acta, todo lo contrario, indica y enfatiza a que se integren en el proceso a todas las partes interesadas incluyendo la participación de los estados y de las comunidades. Siguiendo el espíritu que la inspira, el Acta Nacional de Conservación Histórica se implementa en Estados Unidos en armonía y con las leyes locales existentes para la protección del Patrimonio Cultural y no de manera excluyente como lo ejecutan en Puerto Rico los funcionarios de la Oficina de Conservación Histórica. Lo verdaderamente alarmante del argumento es que quienes excluyen a la Ley 112 del proceso bajo la Ley 106 del Advisory Council, no son las instituciones federales ni los funcionarios federales locales propiamente, sino funcionarios de tercer rango del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en su interpretación “a capricho” de la Ley 106.

En tercer lugar, la Oficina Estatal de Conservación Histórica reconoce que no posee en su oficina de Puerto Rico el personal con el peritaje necesario para evaluar los proyectos de Arqueología Subacuática que se someten a la consideración de dicha oficina, por lo cual, transfieren estos casos al Consejo para la Conservación y Estudio de los Sitios Arqueológicos Subacuáticos adscrito al Instituto de Cultura Puertorriqueña y el cual opera bajo la Ley Núm. 10 de 1987. Siguiendo esta misma línea de análisis, tampoco esa oficina posee el peritaje para evaluar o adjudicar asuntos concernientes a la Ley 111 “Ley para la Protección y Conservación de Cuevas, Cavernas o Sumideros de Puerto Rico” por lo tanto, los asuntos referentes a estos aspectos los adjudica el Departamento de Recursos Naturales, quien custodia e implementa la Ley Núm. 111 de 1985. Ambas leyes, la 10 y la 111, son leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

¿Cuál es el forcejeo de la Oficina Estatal de Conservación Histórica con el asunto de incluir las estipulaciones de la Ley 112 en sus consultas? La respuesta es sencilla: hacerle la guerra chiquita, la competencia desleal y promover la difamación pública del Instituto de Cultura Puertorriqueña y las instituciones puertorriqueñas amparándose en la ideología retrógrada del “complejo del colonizado”. Los funcionarios de la Oficina Estatal de Conservación Histórica llevan como política pública a las reuniones, ponencias, vistas públicas y foros donde participan, el discurso de desacreditar públicamente a los arqueólogos, arquitectos y conservacionistas del Instituto de Cultura Puertorriqueña y de paso, a los profesionales del patio. Con esta filosofía van por la vida aplicándole a asuntos de gran seriedad y envergadura una psicología de pre-adolescentes y generando un verdadero problema gubernamental de coordinación y efectividad interagencial (veáse su participación en el reciente caso del San Jerónimo del Boquerón-proyecto Paseo Caribe). Sencillamente los funcionarios de la Oficina Estatal de Conservación Histórica no conforman parte de la solución porque se han empeñado, a lo largo de varias administraciones gubernamentales, a crear el problema.

El problema es de carácter estructural, se ocasiona en la medida en que en Puerto Rico existe una gran fragmentación de las funciones de conservación patrimonial. Estas funciones se implementan desde diferentes agencias y oficinas gubernamentales con variaciones sustanciales en términos de política pública. Los secretarios y directores de muchas de estas funciones no conocen el proceso de la conservación patrimonial que se les transfiere para implementar. Este es el caso del Departamento de Recursos Naturales que tiene a su cargo la implementación de la Ley 111, Ley para la Protección y Conservación de Cuevas, Cavernas y Sumideros de Puerto Rico. Este es el caso también de los Directores del Instituto de Cultura Puertorriqueña a quienes se les designa como presidentes del Consejo de Arqueología Terrestre y Subacuático sin ellos tener peritaje alguno en el proceso de arqueología terrestre ni subacuático.

¿Cómo resolver la protección del patrimonio cultural?

Sin embargo, la solución del problema es simple, economiza dinero, esfuerzo y tiempo, al mismo tiempo que aumenta la efectividad de la gestión gubernamental y maximiza la utilización de los recursos disponibles. Se precisa enlazar todas las funciones para la protección del patrimonio cultural bajo una sola entidad rectora. Una política pública coordinada y concatenada es crucial para orientar el proceso y asegurarse que el esfuerzo se dirija a un mismo objetivo de carácter nacional. Se hace imperativo crear una Directoría de Patrimonio Histórico de Puerto Rico, que tendría a su cargo la función directiva, establecería política pública para toda la nación puertorriqueña, reuniría bajo su tutela todas las legislaciones sobre protección del patrimonio y regularía los programas que involucran el resguardo y protección del patrimonio histórico-arqueológico-arquitectónico de Puerto Rico.

Esta Directoría de Patrimonio Histórico de Puerto Rico deberá ser dirigida por una persona competente que cuente con un amplio peritaje técnico y profesional en conservación patrimonial, además, de una vasta experiencia en el campo. La legislación aprobada por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico para establecer la Directoría de Patrimonio Histórico de Puerto Rico deberá a su vez, adoptar las normas y acuerdos internacionales vigentes para la protección y conservación del patrimonio. Deberá también atemperar la legislación estatal con la federal y con las legislaciones internacionales, de manera que éstas se complementen y apoyen una a otras como lo conciertan en su espíritu todas estas leyes. De esta manera Puerto Rico por fin entraría en la dinámica del Siglo XXI a la par con las demás naciones del mundo, en los asuntos relativos a la protección del patrimonio cultural.

Por este medio queremos emplazar a quienes hoy representan al “Estado Libre Asociado de Puerto Rico” para que actúen coherentemente en fortalecer las leyes nacionales y con determinación den un paso al frente, al tomar la rienda sobre nuestros asuntos patrimoniales, como lo hacen todas las demás naciones del mundo.

* La autora es historiadora, arqueóloga y profesora de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Carolina.

Por: http://claridadpuertorico.com/articulos/leer/qui_n_permiti_la_destrucci_n_del_yacimiento_en_ponce

Fuerte crítica a agencias de gobierno

Hace 25 años se conocía de yacimiento en Ponce
Cándida Cotto
ccotto@claridadpuertorico.com

Desde mediados de la década de 1980 el sector Jácanas en Ponce fue identificado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (CIE-EU) como un lugar con yacimientos arqueológicos y también figura en el inventario del Registro de Lugares de Yacimientos Arqueológicos del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP). Así lo aseguraron los jóvenes arqueólogos Jaime Pagán Jiménez y Marinés Colón González, de la Coalición Puertorriqueña de Arqueología (CPA).

“Nos encontramos en el 2007 con un sitio arqueológico que casi nunca se encuentra en las investigaciones rutinarias que se hacen en Puerto Rico, lo que todo arqueólogo soñaría encontrarse algún día”, afirmaron sobre la importancia del hallazgo durante una entrevista con este semanario.

La pareja de arqueólogos reveló que la identificación del sector como uno con yacimientos arqueológicos se hizo como parte de los estudios requeridos para el programa de control de inundaciones que el CIE iba a llevar a cabo en la zona de Ponce a mediados de los 80. El CIE contrató a la compañía norteamericana New South (NS), la cual radica en Atlanta, para hacer la investigación. El lugar fue identificado como Ponce -029, hoy conocido como Jácanas. NS es la misma compañía que los arqueólogos puertorriqueños denunciaron que está saqueando y mutilando el yacimiento.

El hecho de que el ICP tuviese conocimiento desde esa fecha de que existía ese lugar le imponía, al igual que a la Oficina de Preservación Histórica (OPH), ser más diligentes en cuanto a procurar su protección. Pagán Jiménez y Colón González acusaron que lo sucedido en Jácanas con el yacimiento arqueológico contiene violaciones tanto a leyes de Puerto Rico como de Estados Unidos. Los expertos en arqueología indicaron que antes de la creación de la OPH, el ICP era el responsable de manejar lo relacionado a yacimientos arqueológicos. La OPH, adscrita a la Fortaleza, fue creada a finales de los años 70 y se le responsabilizó de manejar todos los asuntos federales relacionados con la Sección 106 de lo que se conoce como el “National Historic Preservation Act”.

“Desde ese momento se dislocó la práctica arqueológica, al menos en términos de los procedimientos requeridos por ley de velar y estudiar los recursos culturales. Se separaron los intereses de Preservación Histórica y del Instituto y ya ahí siguió cada cual por su lado”.

Lo ocurrido en Ponce es un ejemplo máximo de esta situación. Los hechos se desarrollaron como siguen: En el 1985 la New South redactó el primer informe oficial, documentando el sitio arqueológico. En los 90 se hace una segunda intervención por parte de esa misma compañía y determina presentar evidencia más clara de lo que allí había. Todavía en ese entonces no se conocía la magnitud del hallazgo. En el 2006, continuando con el proyecto de control de inundaciones, el CIE vuelve a contratar a la compañía News South y ésta a su vez hace un estudio de Fase 2.

Pagán Jiménez, con doctorado en arqueología, y Colón Jiménez, con maestría, ambos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicaron que en un estudio de fase 2 el investigador puede determinar la extensión vertical (es decir de tiempo, profundidad) y la extensión horizontal del recurso arqueológico que se haya descubierto.

A partir de 2006, en el informe de New South se establece la importancia del lugar arqueológico y la posibilidad de que allí hubiese plazas en línea.

“Ya desde el 2006 se sabía que el sitio era sumamente importante. En el 2007 se inicia la labor de fase 3 que en este caso es una mitigación. Se parte del hecho de que no se puede preservar el sitio, posiblemente por la importancia del proyecto (quiere decir la represa) y la mitigación lo que hace es formular un proyecto en el cual se sustrae el recurso que va a ser impactado para proteger los materiales y eliminar los impactos”.

La arqueóloga Colón González añadió: “Estamos hablando también de la Oficina Estatal de Preservación Histórica que estuvo monitoreando los trabajos desde el principio y aprobó cada una de las partes del trabajo de Fase 2, el Informe Final de la Fase 2, aprobó la propuesta de Fase 3, como los trabajos que se estaban llevando a cabo de esta fase. Se cae de la mata, cualquiera de nosotros con un mínimo de conocimiento en arqueología y con un mínimo de respeto a la conservación de nuestros recursos, sabe que lo que hicieron allí fue una mutilación, fue una porquería”, manifestó enfática.

Sobre las denuncias de que New South ha sacado piezas fuera de Puerto Rico los entrevistados aclararon que hablar de número piezas que se hayan sustraído es bien difícil porque en la arqueología se trabaja con fragmentos de cosas. Aunque hicieron la salvedad de que “en este tipo de asentamiento de significativa importancia para nuestra arqueología tiene que haber habido artefactos completos”.

Calificaron de absurdo, información divulgada en la prensa, de que se han llevado 25 piezas. “En un sitio como ése, a estas alturas se han tenido que llevar miles de piezas. Además, los restos humanos, la importancia de lo que se ha excavado, las condiciones en que han escavado los esqueletales, no se sabe si los cuerpos están en Puerto Rico o ya los sacaron. O sea, las violaciones han sido tantas…”, reiteró.

Los arqueólogos denunciaron que el CIE, “nunca ha devuelto nada. Desde los 80 están haciendo estudios aquí y nunca han devuelto nada. Es uso y costumbre no comunicarse con el Consejo, es uso y costumbre no devolver las piezas”. En el caso de Jácanas, se presume que las piezas extraídas están siendo llevadas a las oficinas de New South en Atlanta y de ahí enviadas a otros especialistas para ser “analizadas”.

Con la experiencia del huracán Katrina y bajo la excusa de la “seguridad nacional” el CIE reanudó sus proyectos de canalización y control de inundaciones con lo que han afianzado la práctica de no comunicarse con los consejos estatales de Arqueología y otras entidades.

Los portavoces de la Coalición aclararon que no están en contra de la construcción de la represa. Ambas acciones son compatibles, la continuación del proyecto y la conservación total del hallazgo. El problema es que hasta el momento no hay ningún acuerdo por escrito entre el Gobierno y el CIE de que se vaya a preservar el lugar y de que el material se trate de manera adecuada.

“Por la forma en que se está trabajando ahora sería totalmente imposible crear un centro interpretativo porque la compañía News South está haciendo sus excavaciones de manera tan deficiente que gran cantidad de la información que los especialistas en arqueología pudieran tener se está perdiendo. A final de cuentas, si ellos siguen ahí y luego se abre el sitio, va haber unas hileras de piedras y no mucho que decir de los que allí vivieron, y lo que hacían; no va haber interpretación posible de la vivencia”.

“Lo maravilloso de este sitio es que tiene una frecuencia de ocupación increíble, de casi mil años. Ese es el laboratorio perfecto para un arqueólogo que sepa hacer el trabajo bien”, expresó Colón González.

Según los arqueólogos, la Coalición se mantendrá alerta respecto a la acción del Gobierno por hacer cumplir la Ley 112 y no descartaron el uso de una acción legal. Mientras, se proponen elevar la situación a nivel internacional y presentarla ante la UNESCO con carácter de urgencia.

No obstante, los arqueólogos entrevistados identificaron un saldo positivo sobre lo ocurrido con el yacimiento de Jácanas. “Una cosa tan negativa para nuestro patrimonio arqueológico ha resultado en una exposición para una disciplina tan importante para nosotros los puertorriqueños como lo es la arqueología. Una disciplina que se encarga de estudiar lo que es nuestro pasado, lo que constituye nuestras capas anteriores y constituye lo que es ser puertorriqueño. Nunca hemos estado al margen del desarrollo social de lo puertorriqueño, pero siempre lo hicimos desde la invisibilidad. Esperamos que de una buena vez, el Gobierno, las universidades públicas y otras instituciones se den cuenta que esto es una disciplina seria, que produce conocimiento y que puede cambiar muchas cosas, nuestra propia visión como seres humanos y del mundo en que vivimos”.

La Mutilacion del Yacimiento en Ponce

Elba Lugo, el director del Consejo General de Tainos Borincanos aparece en la radio 89.7 de UPR en Puerto Rico, lunes de nov el 12 de 2007 en 5pm. Lugo discutirá el Yacimiento de Ponce (Jacanas).

Declaraciones del Consejo General de Tainos Borincanos y el Caney 5to Mundo en torno al hallazgo del yacimiento Tibes/Bucana Baramaya: JACANAS

Declaraciones del Consejo General de Tainos Borincanos y el Caney 5to Mundo en torno al hallazgo del yacimiento Tibes/Bucana Baramaya (Portugués) en Ponce.

La Nación Taino/ Buricua representada a través del Consejo General de Tainos Borincanos, órgano unificador de nuestra madre tierra Boriken y el Caney 5to Mundo:

1. Declara que en este hallazgo han habido innumerables violaciones de leyes al patrimonio del pueblo Buricua Taino de Boriken ( Puerto Rico), así como al patrimonio universal.

2. Exige que se detenga las excavaciones y saqueos inmediatamente.

3. Exige la repatriación al Consejo General de Tainos Boricanos y al Caney del Quinto Mundo de las osamentas saqueadas del yacimiento para su retorno a la madre tierra con todo el protocolo espiritual ceremonial según nuestras costumbres y tradiciones.

4. Proclama el yacimiento Tibes Bucana/Baramaya Tierra Sagrada y Santuario del patrimonio cultural indígena de Boriken.

5. Denuncia que el gobierno federal, a través del cuerpo de ingenieros, así como el gobierno estatal y las instituciones que manejan nuestro legado cultural y ancestral han incurrido en una clara crasa violación de leyes de derechos internacionales indígenas de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, leyes arqueológicas estatales, constitucionales y federales.

6. Denuncia que el pueblo Buricua Taino ha sido discriminado y excluido de su plena y efectiva participación, el procedimiento de consulta previa y del consentimiento libre, previo e informado en el manejo y destino de nuestra herencia cultural ancestral por las instituciones gubernamentales.

7. Exige que se detenga las profanaciones a nuestros enterramientos y yacimientos indígenas.

8. Reclamamos respeto y dignidad para con nuestros enterramientos, restos y objetos Sagrados Fúnebres Ancestrales..

9. Exige la preservación de este yacimiento para pasadas, presentes y futuras generaciones.

Nota: anexos A, B, C, y D, fundamentos legales.

Contacto: anacaotoao@hotmail.com
caney@prtc.net

Photo: Prof. Elia Vega García