A cubrir yacimientos de Jácanas

New South Associates, la compañía que se llevó ilegalmente las piezas precolombinas, será la responsable del trabajo en Ponce.

Por Melissa Solorzano

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) informó hoy que los yacimientos arqueológicos de Jácanas en Ponce serán cubiertos por New South Associates, compañía que hace tres meses se llevó ilegalmente las piezas precolombinas a Estados Unidos.

Las declaraciones se dieron durante un foro consultivo sugerido por el secretario de la Gobernación, Jorge Silva Puras, entre el DRNA, el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) y la comunidad arqueológica con el fin de discutir un plan de manejo del legado en la zona del río Portugués.

Durante la primera sesión del día, a las 9:00 a.m., se expresaron tres arqueólogas, en representación de diferentes sectores: Aida Belén Rivera, directora del la Oficina Estatal de Preservación Histórica; Diana López, ex representante universitaria del Consejo Arqueológico, adscrito al ICP y Laura del Olmo, directora del Programa de Arqueología del ICP.

En general, las especialistas abundaron sobre la importancia de la conservación del yacimiento. Sin embargo, Belén Rivera fue cuestionada por la poca responsabilidad en el manejo de la situación desde el principio. Sus respuestas fueron evasivas, según detalló Ricardo Magriñá, miembro de la Asociación de Estudiantes de Antropología de la Universidad de Puerto Rico.

Por la tarde, el secretario de la agencia ambiental, Javier Vélez Arocho, informó que el proceso de estabilización de Jácanas ya tenía un plan aprobado por el Consejo de Arqueología Terrestre. Añadió que dicho plan ya estaba siendo implementado.

“Esto causó mucho desasosiego entre los arqueólogos ya que supuestamente estaban citados para discutir un plan de manejo. Nos asombró el hecho de que el Cuerpo de Ingenieros volvió a contratar para estos propósitos a New South Associates”, comentó el profesor del campo, Juan José Ortiz Aguilú.

“Es otra decisión unilateral que realizará la misma compañía que inicialmente demostró cierto grado de incompetencia al no documentar bien las cosas, desde el principio de los hallazgos. Esto demuestra que las sugerencias de la comunidad arqueológica han sido ignoradas”, explicó Magriñá.

Fuente: http://www.elnuevodia.com/diario/noticia/puertoricohoy/noticias/a_cubrir_yacimientos_de_jacanas/369699

ICP: Proyecto Arqueológico del Barrio Quemado, Mayagüez. Batey Delfín del Yagüez.

El Proyecto Arqueológico del Bo. Quemado es un proyecto conjunto entre el Gobierno Municipal de Mayagüez y el Programa de Arqueología y Etnohistoria del Instituto de Cultura Puertorriqueña, bajo la dirección del Arql. Juan A. Rivera Fontán, del ICP, y del Sr. Daniel Silva Pagán, Investigador Asociado del Proyecto, del Departamento de Arte y Cultura del Municipio de Mayagüez. Estos trabajos cuentan con el respaldo logístico y económico del Gobierno Municipal de Mayagüez.

El origen de este proyecto se remonta al mes de diciembre del 1995, cuando el Sr. Edwin Albino, Promotor Cultural de la Oficina Regional del Instituto de Cultura Puertorriqueña en la Ciudad de Mayagüez coordinó con personal del Programa de Arqueología y oficiales del Gobierno Municipal de Mayagüez una visita de inspección al lugar. Durante este primer reconocimiento, se verificó que la alineación de piedras descubierta por los propietarios de una finca del Barrio Quemado formaba parte de una primitiva construcción indígena asociada a las áreas de bateyes o a los llamados centros ceremoniales de los indios antillanos.

Este importante hallazgo motivó que el Gobierno Municipal de Mayagüez y el Instituto de Cultura Puertorriqueña, por medio de su Programa de Arqueología y Etnohistoria, elaboraran una propuesta de trabajo para llevar a cabo un plan de investigación en este yacimiento arqueológico. Los objetivos del plan inicial de trabajo fueron: identificar la naturaleza de este lugar arqueológico, localizar y documentar los elementos estructurales y otros componentes arqueológicos de este yacimiento, identificar la asociación cultural del pueblo que vivió y construyo el batey, definir la importancia de este yacimiento en la reconstrucción del proceso histórico de la región de Mayagüez y analizar su estado de integridad.

Ilustración por: Daniel Silva

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38vo Festival Nacional Indígena de Jayuya

El Programa de Promoción Cultural en los Pueblos del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), invita a la celebración del Trigésimo Octavo Festival Nacional Indígena de Jayuya que se llevará a cabo del 15 al 19 de noviembre en la Plaza Pública Nemesio R. Canales y en la sede del Centro Cultural de Jayuya.

Habrá música, feria de artesanías, concurso de trovadores, exposición fotográfica del Fotomaratón 2006, conferencias de arqueología y otras atracciones de grupos indígenas.

Vea el Programa de actividades.

Al rescate de la herencia Taína

Perla Franco, Claridad

Están guiados por una profunda espiritualidad que los lleva a defender a Borikén para lograr su conservación, cuido y la preservación de su naturaleza. Intentan que la gente se dé cuenta que seguir destruyendo el medio ambiente es a su vez la destrucción de los habitantes de esta nación taína. Pretenden lograr esa conciencia colectiva a través de la educación y del rescate de los valores, la cultura e historia taína, pero sobre todo de la espiritualidad que caracterizó a los taínos y que consideran necesaria en estos días como contraparte al materialismo rampante que arropa al mundo. Se aferran a la creencia y confianza de que a través del conocimiento profundo de lo que eran los taínos, la gente comience a comprender que esa herencia hay que rescatarla del olvido en el que la han tratado de mantener.

Se trata del Consejo General de Taínos Borincanos, grupo defensor de la herencia taína en la Isla y sobre el cual conversamos en entrevista exclusiva con Itiva Babacu, portavoz del grupo, y con la arqueóloga, historiadora y profesora, Norma Medina Carrillo, quien se ha dedicado en los últimos años a escudriñar sobre el tema.

Itiva explicó que su nombre, de descendencia taína, provino de la deidad que representa las aguas y la tierra y que lo adquirió en una ceremonia indígena.

Detalló que el Consejo es una organización sin fines de lucro que funciona desde la década de 1970 y cuyo propósito es la defensa de las raíces taínas que incluye igualmente la defensa de los yacimientos arqueológicos como los encontrados recientemente en Ponce los cuales consideran sagrados. Indignados ante el trato que recibieron esos hallazgos en el Río Portugués en Ponce,- al cual llaman Río Baramaya por ser su nombre original taíno, - decidieron hacer públicas unas declaraciones en conjunto con otro grupo conocido como Caney 5to. Mundo.

Las declaraciones de ambos grupos se componen de nueve denuncias: que en el manejo dado a los hallazgos que consideran patrimonio nacional y universal sagrado se incurrió en violación a las leyes internacionales indígenas de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, al igual que de las leyes arqueológicas estatales, constitucionales y federales. De esas violaciones responsabilizaron tanto al gobierno federal representado por el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, como al gobierno estatal y las instituciones encargadas del legado cultural y ancestral en la Isla. Exigieron que se detengan inmediatamente las excavaciones y saqueos que se realizan en lugares sagrados como ésos. Que se repatríe la osamenta y demás yacimientos extraídos del país, con el propósito de enterrarlos nuevamente con el protocolo ceremonial que exigen las costumbres y tradiciones taínas. Reclamaron que se proclame tierra sagrada y santuario del patrimonio cultural indígena y de la humanidad ese hallazgo y cualquiera otro similar. Condenaron que se haya excluido al pueblo boricua taíno del manejo y destino de los hallazgos del que se conoce que luego de encontrado se extrajo impropiamente, se echó en bolsas plásticas y se envió a Estados Unidos sin que quedara claro hacia dónde se enviaban, qué cantidad de material se llevaron y cuándo lo regresarán a la Isla. Condenaron esos actos como la profanación a los enterramientos y yacimientos indígenas que al igual que otros objetos fúnebres sagrados, como en otros países, tienen que ser respetados y preservados para presentes y futuras generaciones.

Itiva y la profesora Medina Carrillo explicaron que la lucha por preservar la herencia indígena en la memoria del pueblo ha sido una mucho más ardua. Coincidieron en que ello se ha debido a que se ha querido desaparecer de la historia la herencia indígena aludiendo que su descendencia desapareció por completo. Por eso no se le dio el trato que se merecía el hallazgo arqueológico indígena. Así lo ha demostrado, incluso, el propio director ejecutivo del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) con su inacción y de la cual dijeron su representante siente miedo de reclamar lo que representa la nación taína.

Medina Carrillo aseguró que los puertorriqueños tenemos que retomar las costumbres basadas en los valores taínos de buscar el bien colectivo y no el individual que en formas actuales se manifiestan en el cooperativismo y el ambientalismo. De lo contrario, indicó, seguirá en aumento la violencia rampante que sólo llevará a la destrucción. Insistió en que se tienen que transmitir los valores de paz que formaron parte de los valores taínos y cuya ausencia ha provocado un desbalance de energía no sólo en Borikén, sino en el mundo. Destacó que esos valores necesarios para la convivencia en paz en América siempre han estado interrumpidos por los verdaderos extranjeros de estas tierras que identificó como “los blancos”. De ahí que asegure que la confrontación entre blancos e indígenas siempre ha sido la tenencia de la tierra que para los blancos es para sacarle beneficio económico y para los indígenas custodiar y proteger.

Itiva está convencida de que el sacrilegio de la herencia taína, el que no se quiera tocar el tema de los taínos y su herencia y que en su lugar se insista en su desaparición, son ejemplos de cómo no se ha querido reconocer la valía de esa herencia cuya preservación tiene que ser asumida por los propios boricuas y las instituciones gubernamentales que los representan. Aseguró que esa presencia taína está intacta y comprobada, no en las características físicas de los boricuas, sino con datos científicos de un estudio de hace unos años que demostró que más del 60 por ciento de los puertorriqueños tiene ADN taíno. Está segura, al igual que Medina Carrillo, de que mientras haya quienes defiendan la herencia taína, quienes luchen por ella y decidan mantenerla viva, la nación taína seguirá viva.

Fuente: http://www.claridadpuertorico.com/articulos/leer/al_rescate_de_la_herencia_ta_na

¿Quién permitió la destrucción del yacimiento en Ponce?

Norma Medina-Carrillo* Especial para Claridad

Es de conocimiento público, que las técnicas y procedimientos de excavación arqueológica que se efectuaron en el yacimiento del Río Baramaya (Portugués) en el barrio Jácanas del sector Baramaya, en Ponce, constituyen una flagrante violación a todos los estándares de investigación arqueológica establecidos en las reglamentaciones vigentes, tanto estatales, como federales, como internacionales.

Los arqueólogos contratados por el Cuerpo de Ingenieros han removido del lugar más de 66 osamentas de nuestros ancestros, sin mediar el protocolo adecuado de antropología forense, ni la autorización legal requerida para realizar el levantamiento, sin establecer la cadena de custodia, como se requiere al transportar este tipo de material arqueológico y sin informar ni solicitar autorización a las autoridades arqueológicas locales. Además, gran parte de los materiales excavados han sido sacados de Puerto Rico, sin mediar la autorización de Consejo de Arqueología Terrestre, en crasa violación a la Ley 112 y a todos los cánones de ética locales e internacionales. Esta flagrante violación de los procedimientos arqueológicos apropiados y a los variados aspectos legales que conlleva el trabajo arqueológico en Puerto Rico, se produjo bajo la autorización de la Oficina Estatal de Conservación Histórica de Puerto Rico, entidad adscrita a La Fortaleza, en acuerdo con el Departamento de Recursos Naturales.

¿Traición al patrimonio del Pueblo de Puerto Rico?

La Oficina Estatal de Conservación Histórica es una oficina adscrita a La Fortaleza, por tanto responde directamente al poder ejecutivo. Esta oficina asesora al gobernador en los aspectos relativos a la implementación en Puerto Rico del “National Historic Preservation Act” de 1966. Esta es la ley aprobada por el Congreso estadounidense que regula los aspectos de conservación histórica de los Estados Unidos y sus territorios. De otra parte, el Consejo de Arqueología Terrestre es el organismo regulador de la Ley 112, “Ley para la Protección del Patrimonio Arqueológico Terrestre de Puerto Rico”, aprobada en 20 de julio de 1988. Bajo la Ley 112, ambas agencias, Recursos Naturales y la Oficina Estatal de Conservación Histórica, participan y forman parte activa como miembros del Consejo de Arqueología Terrestre con derecho a voz y voto en todas las determinaciones del Consejo. La alegación por parte del Director del Consejo de Arqueología Terrestre, Dr. José Luis Vega, consistió en que estos funcionarios le ocultaron al Consejo de Arqueología Terrestre (del cual ambos son miembros activos) la información sobre el trascendental hallazgo arqueológico del Río Baramaya, incurriendo ambos funcionarios, como miembros de Consejo, en conducta anti-ética.

De resultar cierto el señalamiento, el comportamiento de estos funcionarios gubernamentales, en términos prácticos, constituye una alta traición a los intereses patrimoniales del “Pueblo de Puerto Rico” que ambos juramentaron representar antes de asumir el cargo. Cuando el “Pueblo de Puerto Rico” representado bajo la Ley 112 por el Consejo de Arqueología Terrestre, se entera mediante la prensa escrita del hallazgo del poblado precolombino del Río Baramaya, le reclama explicaciones a ambos funcionarios. La respuesta que estos ofrecen se escuda en que el proyecto ocurre amparado en la “Ley Federal” conocida como Acta Nacional de Conservación Histórica, específicamente bajo la estipulaciones de “36 CFR del Advisory Council”, que ellos interpretan como una Ley que se impone sobre la estatal Ley 112 y bajo la cual, aluden que no tienen que darle explicaciones al Consejo de Arqueología Terrestre ni al “Pueblo de Puerto Rico”. Bajo esta mentira se escudan estos funcionarios estatales, para permitirse el atropello a las leyes del Estado Libre Asociado y de paso permitir la destrucción y el saqueo del recurso arqueológico por una compañía estadounidense de arqueología de contrato, la New South Associates.

Sobre este delicado y bochornoso asunto, en primer lugar, queremos señalar que todas las leyes existentes para la conservación del patrimonio cultural, tanto estatales, como federales e internacionales, se amparan en un mismo espíritu y en los mismos principios de proteger, conservar y valorar el patrimonio cultural, histórico, arqueológico y arquitectónico de los pueblos. Cuando interpretamos las legislaciones internacionales para la protección del patrimonio, se parte del criterio de que todos los pueblos son custodios de elementos que le pertenecen a todos los seres humanos, por lo tanto son leyes de consideración nacional y universal. De esta forma se establece en todas las declaraciones internacionales vigentes, desde la Carta de Atenas sobre la conservación de los monumentos de arte e historia de Octubre 1931; la Recomendación que define los principios internacionales que deberán aplicarse a las excavaciones arqueológicas. Nueva Delhi, 1956; la Carta de Venecia, mayo 1964; las Normas de Quito, 1967; la Carta internacional para la gestión del patrimonio arqueológico. ICOMOS. 1990; Declaración de la ciudad de México. 5 y 6 de abril del 2000; la Declaración de Tlaxcala y muchísimos otros documentos y acuerdos internacionales firmados por casi todas las naciones incluyendo a Estados Unidos. Sobre este asunto también existe una amplia legislación producida por la UNESCO la cual está a disposición de todas las naciones comprometidas con la salvaguarda de su patrimonio cultural.

En segundo lugar, queremos desmentir el dato de que la Ley Federal “cancela”, se “impone” o “va sobre” las Leyes Estatales de Protección del Patrimonio Arqueológico. En términos del Acta Nacional de Preservación Histórica y su implementación para la protección del patrimonio cultural del pueblo de los Estados Unidos ésta se aplica en todos aquellos estados y territorios donde no existieran leyes locales que protegieran los recursos patrimoniales de igual o mayor rigor que el Acta. En su sección “36 CFR PART 800 -- PROTECTION OF HISTORIC PROPERTIES”, especifica en “Subpart A-Purposes and Participants (3) Representatives of local governments: A representative of a local government with jurisdiction over the area in which the effects of an undertaking may occur is entitled to participate as a consulting party. Under other provisions of Federal law, the local government may be authorized to act as the agency official for purposes of section 106”.

La Ley Federal estipula a través de toda la Sección 106 que esta Acta Nacional de Conservación Histórica, se conducirá en acuerdo con todos los “Consulting parties”, “gobiernos locales y organizaciones”, “comunidades” y “organizaciones e individuos para asegurar que propiedades históricas sean tomadas en consideración a todos los niveles de planificación y desarrollo”. El Acta incluye además, a “tribus indias y organización Nativa Hawaiana” (Indian tribes and Native Hawaiian organization). Es indiscutiblemente evidente que el Acta Nacional de Conservación Histórica no apela a ignorar a las agencias gubernamentales locales, ni a la comunidad donde se aplica el Acta, todo lo contrario, indica y enfatiza a que se integren en el proceso a todas las partes interesadas incluyendo la participación de los estados y de las comunidades. Siguiendo el espíritu que la inspira, el Acta Nacional de Conservación Histórica se implementa en Estados Unidos en armonía y con las leyes locales existentes para la protección del Patrimonio Cultural y no de manera excluyente como lo ejecutan en Puerto Rico los funcionarios de la Oficina de Conservación Histórica. Lo verdaderamente alarmante del argumento es que quienes excluyen a la Ley 112 del proceso bajo la Ley 106 del Advisory Council, no son las instituciones federales ni los funcionarios federales locales propiamente, sino funcionarios de tercer rango del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en su interpretación “a capricho” de la Ley 106.

En tercer lugar, la Oficina Estatal de Conservación Histórica reconoce que no posee en su oficina de Puerto Rico el personal con el peritaje necesario para evaluar los proyectos de Arqueología Subacuática que se someten a la consideración de dicha oficina, por lo cual, transfieren estos casos al Consejo para la Conservación y Estudio de los Sitios Arqueológicos Subacuáticos adscrito al Instituto de Cultura Puertorriqueña y el cual opera bajo la Ley Núm. 10 de 1987. Siguiendo esta misma línea de análisis, tampoco esa oficina posee el peritaje para evaluar o adjudicar asuntos concernientes a la Ley 111 “Ley para la Protección y Conservación de Cuevas, Cavernas o Sumideros de Puerto Rico” por lo tanto, los asuntos referentes a estos aspectos los adjudica el Departamento de Recursos Naturales, quien custodia e implementa la Ley Núm. 111 de 1985. Ambas leyes, la 10 y la 111, son leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

¿Cuál es el forcejeo de la Oficina Estatal de Conservación Histórica con el asunto de incluir las estipulaciones de la Ley 112 en sus consultas? La respuesta es sencilla: hacerle la guerra chiquita, la competencia desleal y promover la difamación pública del Instituto de Cultura Puertorriqueña y las instituciones puertorriqueñas amparándose en la ideología retrógrada del “complejo del colonizado”. Los funcionarios de la Oficina Estatal de Conservación Histórica llevan como política pública a las reuniones, ponencias, vistas públicas y foros donde participan, el discurso de desacreditar públicamente a los arqueólogos, arquitectos y conservacionistas del Instituto de Cultura Puertorriqueña y de paso, a los profesionales del patio. Con esta filosofía van por la vida aplicándole a asuntos de gran seriedad y envergadura una psicología de pre-adolescentes y generando un verdadero problema gubernamental de coordinación y efectividad interagencial (veáse su participación en el reciente caso del San Jerónimo del Boquerón-proyecto Paseo Caribe). Sencillamente los funcionarios de la Oficina Estatal de Conservación Histórica no conforman parte de la solución porque se han empeñado, a lo largo de varias administraciones gubernamentales, a crear el problema.

El problema es de carácter estructural, se ocasiona en la medida en que en Puerto Rico existe una gran fragmentación de las funciones de conservación patrimonial. Estas funciones se implementan desde diferentes agencias y oficinas gubernamentales con variaciones sustanciales en términos de política pública. Los secretarios y directores de muchas de estas funciones no conocen el proceso de la conservación patrimonial que se les transfiere para implementar. Este es el caso del Departamento de Recursos Naturales que tiene a su cargo la implementación de la Ley 111, Ley para la Protección y Conservación de Cuevas, Cavernas y Sumideros de Puerto Rico. Este es el caso también de los Directores del Instituto de Cultura Puertorriqueña a quienes se les designa como presidentes del Consejo de Arqueología Terrestre y Subacuático sin ellos tener peritaje alguno en el proceso de arqueología terrestre ni subacuático.

¿Cómo resolver la protección del patrimonio cultural?

Sin embargo, la solución del problema es simple, economiza dinero, esfuerzo y tiempo, al mismo tiempo que aumenta la efectividad de la gestión gubernamental y maximiza la utilización de los recursos disponibles. Se precisa enlazar todas las funciones para la protección del patrimonio cultural bajo una sola entidad rectora. Una política pública coordinada y concatenada es crucial para orientar el proceso y asegurarse que el esfuerzo se dirija a un mismo objetivo de carácter nacional. Se hace imperativo crear una Directoría de Patrimonio Histórico de Puerto Rico, que tendría a su cargo la función directiva, establecería política pública para toda la nación puertorriqueña, reuniría bajo su tutela todas las legislaciones sobre protección del patrimonio y regularía los programas que involucran el resguardo y protección del patrimonio histórico-arqueológico-arquitectónico de Puerto Rico.

Esta Directoría de Patrimonio Histórico de Puerto Rico deberá ser dirigida por una persona competente que cuente con un amplio peritaje técnico y profesional en conservación patrimonial, además, de una vasta experiencia en el campo. La legislación aprobada por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico para establecer la Directoría de Patrimonio Histórico de Puerto Rico deberá a su vez, adoptar las normas y acuerdos internacionales vigentes para la protección y conservación del patrimonio. Deberá también atemperar la legislación estatal con la federal y con las legislaciones internacionales, de manera que éstas se complementen y apoyen una a otras como lo conciertan en su espíritu todas estas leyes. De esta manera Puerto Rico por fin entraría en la dinámica del Siglo XXI a la par con las demás naciones del mundo, en los asuntos relativos a la protección del patrimonio cultural.

Por este medio queremos emplazar a quienes hoy representan al “Estado Libre Asociado de Puerto Rico” para que actúen coherentemente en fortalecer las leyes nacionales y con determinación den un paso al frente, al tomar la rienda sobre nuestros asuntos patrimoniales, como lo hacen todas las demás naciones del mundo.

* La autora es historiadora, arqueóloga y profesora de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Carolina.

Por: http://claridadpuertorico.com/articulos/leer/qui_n_permiti_la_destrucci_n_del_yacimiento_en_ponce

Fuerte crítica a agencias de gobierno

Hace 25 años se conocía de yacimiento en Ponce
Cándida Cotto
ccotto@claridadpuertorico.com

Desde mediados de la década de 1980 el sector Jácanas en Ponce fue identificado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (CIE-EU) como un lugar con yacimientos arqueológicos y también figura en el inventario del Registro de Lugares de Yacimientos Arqueológicos del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP). Así lo aseguraron los jóvenes arqueólogos Jaime Pagán Jiménez y Marinés Colón González, de la Coalición Puertorriqueña de Arqueología (CPA).

“Nos encontramos en el 2007 con un sitio arqueológico que casi nunca se encuentra en las investigaciones rutinarias que se hacen en Puerto Rico, lo que todo arqueólogo soñaría encontrarse algún día”, afirmaron sobre la importancia del hallazgo durante una entrevista con este semanario.

La pareja de arqueólogos reveló que la identificación del sector como uno con yacimientos arqueológicos se hizo como parte de los estudios requeridos para el programa de control de inundaciones que el CIE iba a llevar a cabo en la zona de Ponce a mediados de los 80. El CIE contrató a la compañía norteamericana New South (NS), la cual radica en Atlanta, para hacer la investigación. El lugar fue identificado como Ponce -029, hoy conocido como Jácanas. NS es la misma compañía que los arqueólogos puertorriqueños denunciaron que está saqueando y mutilando el yacimiento.

El hecho de que el ICP tuviese conocimiento desde esa fecha de que existía ese lugar le imponía, al igual que a la Oficina de Preservación Histórica (OPH), ser más diligentes en cuanto a procurar su protección. Pagán Jiménez y Colón González acusaron que lo sucedido en Jácanas con el yacimiento arqueológico contiene violaciones tanto a leyes de Puerto Rico como de Estados Unidos. Los expertos en arqueología indicaron que antes de la creación de la OPH, el ICP era el responsable de manejar lo relacionado a yacimientos arqueológicos. La OPH, adscrita a la Fortaleza, fue creada a finales de los años 70 y se le responsabilizó de manejar todos los asuntos federales relacionados con la Sección 106 de lo que se conoce como el “National Historic Preservation Act”.

“Desde ese momento se dislocó la práctica arqueológica, al menos en términos de los procedimientos requeridos por ley de velar y estudiar los recursos culturales. Se separaron los intereses de Preservación Histórica y del Instituto y ya ahí siguió cada cual por su lado”.

Lo ocurrido en Ponce es un ejemplo máximo de esta situación. Los hechos se desarrollaron como siguen: En el 1985 la New South redactó el primer informe oficial, documentando el sitio arqueológico. En los 90 se hace una segunda intervención por parte de esa misma compañía y determina presentar evidencia más clara de lo que allí había. Todavía en ese entonces no se conocía la magnitud del hallazgo. En el 2006, continuando con el proyecto de control de inundaciones, el CIE vuelve a contratar a la compañía News South y ésta a su vez hace un estudio de Fase 2.

Pagán Jiménez, con doctorado en arqueología, y Colón Jiménez, con maestría, ambos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicaron que en un estudio de fase 2 el investigador puede determinar la extensión vertical (es decir de tiempo, profundidad) y la extensión horizontal del recurso arqueológico que se haya descubierto.

A partir de 2006, en el informe de New South se establece la importancia del lugar arqueológico y la posibilidad de que allí hubiese plazas en línea.

“Ya desde el 2006 se sabía que el sitio era sumamente importante. En el 2007 se inicia la labor de fase 3 que en este caso es una mitigación. Se parte del hecho de que no se puede preservar el sitio, posiblemente por la importancia del proyecto (quiere decir la represa) y la mitigación lo que hace es formular un proyecto en el cual se sustrae el recurso que va a ser impactado para proteger los materiales y eliminar los impactos”.

La arqueóloga Colón González añadió: “Estamos hablando también de la Oficina Estatal de Preservación Histórica que estuvo monitoreando los trabajos desde el principio y aprobó cada una de las partes del trabajo de Fase 2, el Informe Final de la Fase 2, aprobó la propuesta de Fase 3, como los trabajos que se estaban llevando a cabo de esta fase. Se cae de la mata, cualquiera de nosotros con un mínimo de conocimiento en arqueología y con un mínimo de respeto a la conservación de nuestros recursos, sabe que lo que hicieron allí fue una mutilación, fue una porquería”, manifestó enfática.

Sobre las denuncias de que New South ha sacado piezas fuera de Puerto Rico los entrevistados aclararon que hablar de número piezas que se hayan sustraído es bien difícil porque en la arqueología se trabaja con fragmentos de cosas. Aunque hicieron la salvedad de que “en este tipo de asentamiento de significativa importancia para nuestra arqueología tiene que haber habido artefactos completos”.

Calificaron de absurdo, información divulgada en la prensa, de que se han llevado 25 piezas. “En un sitio como ése, a estas alturas se han tenido que llevar miles de piezas. Además, los restos humanos, la importancia de lo que se ha excavado, las condiciones en que han escavado los esqueletales, no se sabe si los cuerpos están en Puerto Rico o ya los sacaron. O sea, las violaciones han sido tantas…”, reiteró.

Los arqueólogos denunciaron que el CIE, “nunca ha devuelto nada. Desde los 80 están haciendo estudios aquí y nunca han devuelto nada. Es uso y costumbre no comunicarse con el Consejo, es uso y costumbre no devolver las piezas”. En el caso de Jácanas, se presume que las piezas extraídas están siendo llevadas a las oficinas de New South en Atlanta y de ahí enviadas a otros especialistas para ser “analizadas”.

Con la experiencia del huracán Katrina y bajo la excusa de la “seguridad nacional” el CIE reanudó sus proyectos de canalización y control de inundaciones con lo que han afianzado la práctica de no comunicarse con los consejos estatales de Arqueología y otras entidades.

Los portavoces de la Coalición aclararon que no están en contra de la construcción de la represa. Ambas acciones son compatibles, la continuación del proyecto y la conservación total del hallazgo. El problema es que hasta el momento no hay ningún acuerdo por escrito entre el Gobierno y el CIE de que se vaya a preservar el lugar y de que el material se trate de manera adecuada.

“Por la forma en que se está trabajando ahora sería totalmente imposible crear un centro interpretativo porque la compañía News South está haciendo sus excavaciones de manera tan deficiente que gran cantidad de la información que los especialistas en arqueología pudieran tener se está perdiendo. A final de cuentas, si ellos siguen ahí y luego se abre el sitio, va haber unas hileras de piedras y no mucho que decir de los que allí vivieron, y lo que hacían; no va haber interpretación posible de la vivencia”.

“Lo maravilloso de este sitio es que tiene una frecuencia de ocupación increíble, de casi mil años. Ese es el laboratorio perfecto para un arqueólogo que sepa hacer el trabajo bien”, expresó Colón González.

Según los arqueólogos, la Coalición se mantendrá alerta respecto a la acción del Gobierno por hacer cumplir la Ley 112 y no descartaron el uso de una acción legal. Mientras, se proponen elevar la situación a nivel internacional y presentarla ante la UNESCO con carácter de urgencia.

No obstante, los arqueólogos entrevistados identificaron un saldo positivo sobre lo ocurrido con el yacimiento de Jácanas. “Una cosa tan negativa para nuestro patrimonio arqueológico ha resultado en una exposición para una disciplina tan importante para nosotros los puertorriqueños como lo es la arqueología. Una disciplina que se encarga de estudiar lo que es nuestro pasado, lo que constituye nuestras capas anteriores y constituye lo que es ser puertorriqueño. Nunca hemos estado al margen del desarrollo social de lo puertorriqueño, pero siempre lo hicimos desde la invisibilidad. Esperamos que de una buena vez, el Gobierno, las universidades públicas y otras instituciones se den cuenta que esto es una disciplina seria, que produce conocimiento y que puede cambiar muchas cosas, nuestra propia visión como seres humanos y del mundo en que vivimos”.

Rumbo a Atlanta unas 25 piezas

Un miembro del Consejo de Arqueología Terrestre toma fotos del área del yacimiento arqueológico de Tibes, en Ponce, durante una reciente inspección al lugar. Archivo / Tony Zayas

Por José Fernández Colón / The Associated Press

Acusado el Cuerpo de Ingenieros de sacarlas sin permiso.

PONCE - El director del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos en Puerto Rico y el Caribe, José ‘Chemi’ Rosado, aseguró que unas 25 piezas del yacimiento arqueológico de Tibes fueron enviadas desde Ponce a la ciudad de Atlanta.

No obstante, no pudo ofrecer una lista detallada de las piezas que se llevaron sin informar al Consejo de Arqueología Terrestre, adscrito al Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP).

Rosado especificó, además, que igual número de piezas del yacimiento del río Tanamá, en Arecibo, fueron enviadas al estado de la Florida.

“No podría decir exactamente el número de piezas, pero de Tibes se están enviando ahora. Es un número como el de Arecibo, de unas 25 piezas. De Tibes se han enviado cerámicas, huesos y herramientas de piedra”, sostuvo Rosado.

“Nunca se nos informó”

Miguel Rodríguez, miembro del Consejo de Arqueología Terrestre, criticó al Cuerpo de Ingenieros por continuar sacando piezas arqueológicas de Puerto Rico en violación a la Ley de Patrimonio Arqueológico Terrestre, que dispone que no se podrá sacar ningún material arqueológico sin el permiso y la autorización del Consejo.

“Nunca nos llegó esa solicitud. El Cuerpo de Ingenieros falló de nuevo. Nunca se nos informó que se iban a sacar esas piezas y el próximo martes el Consejo tiene una reunión y vamos a recomendar que se imponga algún tipo de sanción porque nos están engañando”, sostuvo Rodríguez.

Rodríguez aseguró que en la Isla sí se pueden realizar los estudios especializados que Rosado alega se realizan en Estados Unidos a las piezas sacadas del país.

“Todos los arqueólogos hacen laboratorios aquí y si hubiese que hacer alguna prueba fuera lo que se hace rutinariamente es que el arqueólogo solicita permiso al Consejo para sacar la pieza y debe especificar qué estudio se le va hacer a la pieza y cuándo va regresar a su lugar de origen”, destacó.

“Los únicos que no han cumplido con eso son los del Cuerpo de Ingenieros lo hicieron por su comodidad o prepotencia”, denunció.

Se defiende el director

Por su parte, el ingeniero Rosado dijo en entrevista radial (WPUC) que en el caso de las piezas extraídas de Arecibo las mismas están bajo la custodia de la Universidad de Gainsville en la Florida, donde son objeto de estudio.

Rosado indicó que la razón por la cual han sido enviadas esas piezas aAtlanta y Gainsville es porque son lugares donde las entidades son especializadas en estudios de arqueología y reiteró que “muchos de los estudios que se hacen allá, aquí no hay facilidades para hacerlos”.

Fuente: http://www.elnuevodia.com/diario/noticia/puertoricohoy/noticias/rumbo_a_atlanta_unas_25_piezas/305262

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Impugnarían en tribunales traslado de piezas arqueológicas

Por YAISHA VARGAS,

Associated Press

SAN JUAN (AP) - Un nutrido grupo de arqueólogos y personas relacionadas con el quehacer cultural intentarán paralizar en los tribunales las excavaciones del yacimiento indígena encontrado en la ribera del río Portugués en Ponce, donde el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos construye una represa.

La idea fue propuesta por el profesor José "Che" Paralitici al cabo de una reunión en la que los arqueólogos del Consejo de Arqueología Terrestre, adscritos al Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), exigieron al gobierno que cumpla con la Ley 112, que rige la arqueología en Puerto Rico y que, según ellos, no admite excepciones, ni siquiera del gobierno federal.

"Que se empiece algún tipo de sanción o multa de violación a la Ley 112, especialmente la sección 109, que prohibe sacar piezas (arqueológicas) de Puerto Rico", reclamó Diana López, arqueóloga que representa a la Universidad de Puerto Rico (UPR) en el Consejo.

No fue posible conseguir de inmediato una reacción del Cuerpo de Ingenieros.

En el cónclave, López y Miguel Rodríguez, rector del Centro del Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe y miembro del Consejo, dijeron que ya tenían preparada su renuncia al organismo pues no permitirán que bajo su incumbencia se viole la ley de arqueología que ellos redactaron en la década de 1980.

No obstante, esperarán a una reunión que sostendrá el martes el Consejo, organismo que también está compuesto por el Director Ejecutivo del ICP, el Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), el Director de la Administración de Reglamentos y Permisos y la Oficina Estatal de Conservación Histórica.

El ingeniero de área del Cuerpo de Ingenieros, José Rosado, le confirmó la semana pasada a Prensa Asociada que esa agencia saca las piezas arqueológicas del país para "determinar la procedencia y el valor" de éstas, pero que luego las devuelven a Puerto Rico.

Los arqueólogos del Consejo le pedirán a ese organismo que respalde su recomendación de detener de inmediato las excavaciones porque alegan que se realizaban con maquinaria pesada y que se había removido terreno con restos importantes, lo que impedía estudiar el contexto en el que originalmente fueron halladas las piezas.

También solicitarán que se exija a New South Associates, empresa contratada por el Cuerpo de Ingenieros, que entregue documentos que describan lo hallado y lo que se ha sacado de la Isla.

López sostuvo que, desde enero, el Consejo de Arqueología Terrestre le ha pedido al DRNA que le someta un informe completo sobre lo hallado en Ponce, pero no ha habido respuesta.

"Es inexplicable el silencio del Secretario del DRNA", dijo.

El gobierno sí pondrá allí un arqueólogo independiente que no puede intervenir en el proyecto ni recomendar cambios.

"Está desarmado moral y legalmente", sostuvo Rodríguez.

López y Rodríguez también piden que se enmiende la Ley 112 para que el Consejo esté compuesto únicamente por arqueólogos y no funcionarios estatales.

Dinorah La Luz, del capítulo de Puerto Rico de la Asociación Americana de Juristas, comentó que a este punto "el deber ministerial que tiene el ICP es paralizar la obra".

Elba Anaca Lugo, del Consejo General de Taínos Borincanos, dijo que miembros de su organización entraron a las excavaciones el fin de semana, se esposaron frente a los monolitos principales y lloraron.

"No se respetan los principios espirituales... los restos de nuestros abuelos no son para ponerlos en una bolsita y sacarlos del país", dijo.

Jalil Sued, historiador y profesor de la UPR, señaló que en Ponce estuvo ubicado "el primer cacicazgo antillano... era el cacicazgo de Agüeybaná".

Ricardo Alegría, uno de los principales responsables de la conservación del patrimonio cultural en Puerto Rico, dijo que el yacimiento ponceño es "sumamente importante".

Señaló que la ética en la arqueología dicta que "nadie se mete en otro país o en otro estado sin consultar con los organismos nacionales".

Calificó la participación de New South Associates como "una privatización de la arqueología".

Copyright 2007 The Associated Press.

Fuente: http://noticias.aol.com/articulos/canvas/_a/impugnarian-en-tribunales-traslado-de/n20071029175809990006

Vestigios taínos en manos federales

Cuerpo de Ingenieros se lleva de la Isla piezas removidas en proyectos.

Por José Fernández Colón / The Associated Press

El secretario de Recursos Naturales y Ambientales, Javier Vélez Arocho, admitió ayer que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos ha sacado piezas de arqueología fuera de Puerto Rico para su estudio y “curación”.

Sin embargo, el funcionario dijo que “hasta donde sé” no han sacado piezas del yacimiento en el barrio Tibes de Ponce donde desarrollarán un proyecto de control de inundaciones.

“El Cuerpo de Ingenieros tiene, no solamente aquí, sino también afuera —por información que conozco— piezas que se guardan y en su momento las podemos traer. Las que tienen afuera, mi información es que las están curando para entonces traerlas a Puerto Rico”, sostuvo.

El yacimiento de Tibes en Ponce es considerado uno de los más importantes porque sus antiguos pobladores estuvieron allí más de mil de años antes del descubrimiento de la Isla. Archivo

Vélez Arocho dijo en entrevista con Católica Radio de Ponce que el Cuerpo de Ingenieros las devolverá a Puerto Rico una vez complete el estudio y curación de estas piezas, que provienen de distintos proyectos desarrollados y en desarrollo en distintas partes del País.

El secretario de Recursos Naturales y Ambientales no pudo precisar el total de piezas de arqueología en manos de los federales y fuera de Puerto Rico, pero dijo confiar en que las mismas serán devueltas por ser patrimonio puertorriqueño.

‘Preocupa traslado al ICP’

El director ejecutivo del Instituto de Cultura Puertorriqueña, José Luis Vega, expresó el viernes su preocupación con la salida de piezas de arqueología fuera del País, que el Cuerpo de Ingenieros no notifica y cuyo retorno, a juicio de Vega es incierto.

Vélez Arocho negó que se haya destruido parte de la plaza ceremonial indígena y el resto del yacimiento arqueológico con los primeros trabajos que se comenzaron a realizar en Tibes como parte de las obras para la construcción de una represa para control de inundaciones. Calificó este yacimiento en Tibes de Ponce como uno de los “más espectaculares que hay, si no el más grande que hay en la Isla”.

‘Compatible la represa y el yacimiento’

Asimismo, el especialista en microbiología de agua, opinó que construir la represa y preservar la plaza ceremonial y el resto del yacimiento arqueológico en Tibes para estudios y disfrute de la ciudadanía son compatibles.

Explicó que el área del yacimiento arqueológico solamente quedaría inundado en caso de que se produzcan lluvias de sobre 20 pulgadas, de lo contrario no. “Yo creo que se pueden hacer las dos cosas; la información que se presenta como si esto se estuviera destruyendo no es cierta. Si fuéramos a considerar un universo de diez días, un sólo día el lugar quedaría bajo agua, y esto puede ser en un evento especial de lluvia como una tormenta que tire más de 20 pulgadas de lluvia que llene la represa”, sostuvo.

Vélez Arocho indicó que un fenómeno de esa magnitud “no es común en Puerto Rico”.

“Ante esta situación nosotros lo que estamos considerando es que esta semana, cuando tengamos las reuniones, podamos llegar a un acuerdo para que en vez de construir dos áreas recreativas en ese lugar hagamos una y que la mitad de los fondos, que son sustanciales, se los podamos dedicar, no sólo a la investigación sino también a la conservación y manejo de esa área”, añadió.

Patrimonio indígena

Los principales centro ceremoniales indígenas en Puerto Rico son el Caguana en Utuado y Tibes en Ponce:

Centro Ceremonial Indígena Caguana:

Descubierto a principios del Siglo XX; este parque nacional figura entre los más importantes yacimientos arqueológicos del Caribe. El parque indígena, consta de 12 bateyes rodeados por una variedad de piedras con petroglifos.

Centro Ceremonial Indígena el Tibes:

Tibes es el yacimiento arqueológico más importante en todo el Caribe. Representa la habitación de vida indígena continua por más de mil años antes del arribo de Colón a la Isla.

Otros yacimientos importantes:

1. Cueva María de la Cruz - Loíza

2. Maruca - Ponce

3. Angostura - Barceloneta

4. Cayo Cofresí - Salinas

5. Punta Candelero - Humacao

6. Hacienda Grande - Loíza

7. Punta Ostiones - Cabo Rojo

8. Source - Vieques

9. La Hueca - Vieques

10. Monserrate - Luquillo

11. Canas - Ponce

12. Tibes - Ponce

13. Santa Elena - Toa Baja

14. Caguana - Utuado

15. Martineau - Vieques

16. Puerto Ferro - Vieques

17. Cagüitas - Caguas

18. Paso del Indio - Vega Baja

19. Aguacate - Yabucoa

20. Esperanza - Vieques

21. Delfín - Mayagüez

22. Las Flores - Coamo

23. Teclas - Guayanilla

24. Cotto - Ponce

25. Luján - Vieques

26. Ojo del Buey - Dorado

27. Tembladera - Morovis

28. Los Gemelos - Morovis

29. Tierras Nuevas - Manatí

30. Caracoles - Ponce

31. MaIsabel - Vega Baja

32. Cueva - Trujillo Alto

33. Collores - Juana Díaz

34. Playa Blanca - Ceiba

35. Bronce - Ponce

36. Cerrillo - Cabo Rojo

37. Cayo de Tierra - Vieques

38. Capa - Utuado

39. Sardinera - Mona

Fuente: ICP

Ambientalistas ocupan grúas de Paseo Caribe

Prensa Asociada

Miembros de la agrupación Amigos del Mar ocuparon la madrugada de hoy, lunes, las tres grúas de construcción del proyecto Paseo Caribe, que virtualmente privatizó el acceso al histórico Fortín de San Jerónimo.

Además, la organización ambiental estableció "un campamento en apoyo" al trío que se trepó a las grúas para evitar que continúen las obras de construcción.
"No tenemos una fecha de salida ni una hora... por lo menos el día de hoy esta obra se paraliza", reveló Juan Ramón Rodríguez a una radioemisora (Radio Isla 1320).
Rodríguez no quiso revelar la identidad de los jóvenes que ocuparon las grúas en desobediencia civil.

Indicó que la manifestación persigue "llamar la atención de la ciudadanía sobre lo qué está ocurriendo en este predio, detener la construcción del proyecto, de ser posible eliminar este adefesio de este lugar y convocar al pueblo a que se de cita más allá de líneas partidistas para apoyarnos en esta lucha".

"Más que lograr la destrucción de Paseo Caribe, (el propósito principal) sería detener la destrucción del Fuerte San Jerónimo y del patrimonio del pueblo puertorriqueño", dijo Rodríguez, quien indicó que reciben apoyo de la organización Nación Taína.

La paralización de las obra se produce en momentos en que el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) anunció que solicitará al Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos que extienda el plazo —que vence el lunes— en el que la agencia gubernamental debía presentar evidencia de que el acceso al Fortín es libre y sin restricciones.
La falta de un acceso público y el que no haya una garantía de que el uso del fortín será público podría provocar que el Cuerpo de Ingenieros retire más de 3 millones de dólares preasignados para reparar los cimientos de la centenaria estructura y evitar así que colapse.

El fortín fue construido en 1587 como parte de la batería denominada como El Boquerón, cuya misión era proteger la segunda entrada de la bahía de Puerto Rico y evitar invasiones a la isleta de San Juan Bautista, se indica en la página cibernética del ICP.

El Fortín San Jerónimo detuvo el ataque del inglés Sir Francis Drake en 1595 y fue destruido en 1598 por el Conde Cumberland.

En 1608 el gobernador Gabriel Rojas reedificó el fortín y en 1609 le nombra San Jerónimo del Boquerón.

Demonstrators call on IPRC to drop charges

Demonstrators call on IPRC to drop charges

A group of people claiming Taíno ancestry demonstrate outside the Institute of Puerto Rican Culture in Old San Juan on Monday, calling on the agency to drop criminal charges stemming from a protest occupation at the Caguana Ceremonial Park in Utuado earlier this year. From left, Elba Anaca Lugo, Naniki Reyes Ocasio and José Xuerix Camacho García.

Excerpt from the San Juan Star

Dia de los Pueblos Indigenas: Apoye los manifestantes Taino Boricua

Dia de los Pueblos Indigenas: Apoye los manifestantes Taino Boricua

Dia de los Pueblos Indigenas: Apoye los manifestantes Taino Boricua

Debajo encontrará una comunicado de prensa y una carta de apoyo que estamos solicitando considera enviar al Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) inmediatamente. La petición de la petición que el ICP no criminalize un proceso legal contra los manifestantes indigenas Taíno que ocuparon un centro ceremonial indígena para resaltar ante del pueblo Puertorriqueño el deterioro en que se encuentra su patrimonio nacional.

Favor llame el ICP en 1(787)724-0700 (exterior 4201, 4208) para expresar su apoyo o enviar su carta por telefax a 1(787)724-8393. Gracias.

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Comunicado De Prensa

Nosotro, los manifestantes indigenas Taino Boricua del “Reclamo Sagrado y Grito de Caguana”, estabamos y continuamos ejerciendo nuestro derecho a la libre expression.

El Instituto de Cultura Puertorriquena (ICP) intenta criminalizar dicho derechos.

Escogimos nuestro principal y mas importante Centro Ceremonial Indigena del Caribe (Caguana) para resaltar ante nuestro pueblo el deterioro en que se encuentra nuestro patrimonio nacional.

Nuestro reclamo es:

Detengan la destruccion y profanacion de nuestros Santuarios, Yacimientos, Coaibays (cementerios), Osamentas y Restos Ancestrales, Objectos Funebres y Ceremoniales, Lugares Sagrados y Centros Ceremoniales AHORA!

Habra Conferencia de Prensa
Lunes- 10 de octobre de 2005
‘Dia de los Pueblos Indigenas’
A las 11:00 am
Frente Instituto de Cultura (ICP), Viejo San Juan

Para mas informacio:
Tel. 787. 847- 5039
787. 366- 2256
787. 568- 1547

Correo electronico: caney@prtc.net
anacaotoa@hotmail.com
uctp_ny@yahoo.com

http://www.uctp.blogspot.com/

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CARTA DE APOYO

Atención: Dr. Jose Luis Vega,
Director, Instituto de cultura Puerto Puertorriqueno

Apoyamos el derecho a la libre expression de los manifestantes indigenas del “Reclamo Sagrado y Grito de Caguana” y su reclamo de detener la destruccion y profanacion de lugares sagrados y arquelogicos del pueblo de Boriken (Puerto Rico) por cual solicitamos; que el Instituto de Cultura Puertorriquena no se criminalice por ejercer dicho derecho de:

Los manifestantes, el Pueblo Indigena Taino Boricua y:
Naniki Reyes Ocasio, Elba Anaca Lugo Perez, Taina Rosado Cordoba, Jose Xuerix Camacho Garcia, Edelmiro Guatibiri Baez, Juana Grisel Nabori Martinez Prieto, Valeriana Shashira Rodriguez Valentin