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lunes, 29 de octubre de 2007

Encendida la pugna por excavación en Ponce


Por: Obed Betancourt
EL VOCERO

El "US Army Corps of Engineers" (USACE) del distrito de Jacksonville, afirmó que continuará el contrato que tiene con la compañía norteamericana New South Associates para que en el "site" PO-29 en Ponce excaven "a mano", indicó el arqueólogo del USACE David L. McCullough, inspector del proyecto, en declaraciones escritas para EL VOCERO.

Este agregó que el trabajo en el yacimiento se lleva a cabo en "consulta continua" con la Oficina de Conservación Estatal (SHPO). Precisamente, el trabajo de New South fue duramente criticado por tres arqueólogos del Consejo de Arqueología Terrestre, quienes levantaron una bandera sobre la forma y método en que se trabaja el "site" y alertando sobre la destrucción del mismo y la información que arroja.

McCullough indicó que New South hará un catálogo, un inventario, un récord y mapas de sus hallazgos. Una vez terminado el trabajo de campo, el contratista hará un análisis detallado de los datos que han sido recogidos en el campo y redactará un informe sobre los hallazgos. Este informe será compartido "con todas las partes", las cuales no desglosó.

Los planes a corto plazo en el yacimiento, agregó el arqueólogo, incluyen sólo excavación a mano y una lista de sus hallazgos.

"El Cuerpo de Ingenieros, en consulta con SHPO, tomaron la decisión de detener la excavación con maquinaria de los depósitos arqueológicos cuando el extremo significado del lugar fue aparente la semana pasada. Cuando el Cuerpo de Ingenieros tomó la decisión de rediseñar el área de depósito – de los materiales excedentes de la represa, que serían arrojados precisamente sobre el lugar– y no cubrir el yacimiento arqueológico, esto excluyó la necesidad de excavar el gran área del lugar que previamente íbamos a hacer. Una vez que supimos que el área no sería cubierta por el material, el Cuerpo de Ingenieros y SHPO quisieron preservar lo más posible del área", se sostuvo en el escrito.

Por su parte, el arqueólogo Jaime R. Pagán Jiménez condenó que los funcionarios de gobierno respaldasen las labores de New South. Según el USACE, esta empresa está cualificada por el Gobierno federal. Para el arqueólogo, se ha desautorizado "la decisión de los expertos del propio Consejo".

"Esta situación y la actitud de Javier Vélez Arocho (Secretario de Recursos Naturales y Ambientales) es ya insostenible y le falta el respeto a todos los que sí conocemos de arqueología o de procesos investigativos elementales. No sé qué van a hacer los demás consejales, pero esto es una afrenta intolerable", reiteró. "Hay que hacer algo definitivo y contundente. No puede pasar un día más sin que se detenga por completo el trabajo de New South… Habemos gente fuera de las instancias oficiales dispuestos a lo que sea porque tenemos la razón y la ley de nuestra parte. Se tiene que actuar de una buena vez. No más paños tibios", afirmó.

Mientras, el arquitecto Warren James de Nueva York, nacido en Arecibo, apuntó en un correo electrónico que "la Directora de SHPO y su ‘Chief State Archeologist’ sabían de todo lo que estaba pasando hace meses, y tienen toda la autoridad y jurisdicción para detener al USACE. Aparentemente SHPO se ha dejado manipular por La Fortaleza y están silentes en cuanto a la autoridad que realmente tienen". Warren, que afirma que la compañía para la cual trabaja es experta en el diseño y montaje de museos, galerías y depósitos de arte y material arqueológico, dijo que "lo que están diciendo los arqueólogos locales es cierto".

"Ico" politiza la controversia arqueológica

Mientras tanto, el alcalde de Ponce Francisco "Ico" Zayas politizó la controversia sobre el hallazgo arqueológico en ese municipio y la represa que se construye en las cercanías al indicar que "esa represa estuvo paralizada desde el 1993, cuando Carlos Jirau era el administrador de la ciudad". Precisamente Jirau es el competidor de Zayas en las primarias del PPD por la candidatura a la Alcaldía de Ponce.

"Fue FEMA, que entre 1999-2000 nos cambió a todo el Ponce centro y sus áreas adyacentes a zona inundable porque no se había hecho la represa. Retrasar más la represa pone en riesgo de inundación la vida y las propiedades de cerca de 15,000 familias y supone una carga económica de $4 millones en seguros. Yo me aseguraré, como alcalde, que esos yacimientos se protejan y que de aquí a que se concluya la represa tendremos el lugar para preservar no sólo esos yacimientos sino todos los que se encuentren en Puerto Rico, porque ya nos estamos moviendo en esa dirección", dijo el Alcalde

Fuente: http://www.vocero.com/noticias.asp?s=Locales&n=102032

Photo: Prof. Elia Vega García

jueves, 25 de octubre de 2007

Yacimiento indígena pone de manifiesto conflictos de jurisdicción del ELA

Iñaki Estívaliz
EFE

San Juan.- Un yacimiento arqueológico descubierto en el sur de Puerto Rico el pasado enero puso ayer de manifiesto un nuevo conflicto de jurisdicción entre el gobierno del Estado Libre Asociado (ELA) a EE.UU. y las autoridades federales de este país en la isla caribeña.

El mismo día que el comité de Recursos de la Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó un proyecto de ley que contempla la celebración de un referendo antes de diciembre de 2009 para definir el estatus político de Puerto Rico, el gobierno local reclamó su jurisdicción sobre los restos del antiguo poblado precolombino.

Sobre el terreno en el que se encuentra el yacimiento en el municipio de Ponce (sur) el Cuerpo de Ingenieros de EE.UU. estaba trabajando en la última fase de la construcción de una represa en el Río Portugués para sacar de zonas inundables a unas 13.000 familias con una inversión de 247 millones de dólares.

Las obras quedaron paralizadas el lunes por orden del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), que reclamó su jurisdicción sobre el hallazgo e instó también a que el Cuerpo de Ingenieros desistiera de seguir sacando piezas arqueológicas de la isla para llevarlas al estado de Georgia.

"Las decisiones tomadas responden al reconocimiento de que es el Estado Libre Asociado de Puerto Rico el quien tiene jurisdicción primaria sobre la protección del patrimonio histórico y cultural puertorriqueño", sostuvo hoy el secretario de la Gobernación, Jorge Silva Puras.

"Todo descubrimiento dentro de los límites territoriales del ELA debe ser referido al Consejo Arqueológico Terrestre (dependiente del ICP) para su debida evaluación", añadió en un comunicado de prensa.

Silva Puras aseguró que bajo la tutela del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) de Puerto Rico y el ICP se garantizará "salvaguardar el valor de este importante yacimiento arqueológico" mientras se garantiza la "protección a la vida y a la propiedad de los ponceños".

Informó de que el DRNA está ofreciendo vigilancia las 24 horas en el lugar del yacimiento arqueológico "para evitar posibles saqueos".

En el yacimiento, en el que se han encontrado 66 osamentas en un batey (plaza ceremonial) de 40 metros por 50, 16 piedras talladas con inscripciones indígenas y decenas de artefactos, se han identificado restos de dos periodos indígenas, el "monserrate" (del 700 al 900 después de Cristo) y el "chicoide" (1200-1500).

El director del ICP y presidente del Consejo para la Protección del Patrimonio Arqueológico Terrestre, José Luis Vega, explicó que los trabajos de extracción que realiza en el yacimiento la compañía New South Associates por encargo del Cuerpo de Ingenieros de EE.UU. se han realizado sin la autorización de esas instituciones locales.

Indicó que por medio de una ley de 1988, que regula "el patrimonio del pueblo de Puerto Rico", es el Consejo del ICP el que "tiene jurisdicción sobre todos aquellos proyectos" y "establece ciertas obligaciones respecto a toda obra de excavación" aunque "el Cuerpo de Ingenieros de EE.UU. sea quien realice la obra".

Puerto Rico fue una colonia española hasta 1898, cuando tras la guerra Hispanoamericana pasó a manos de EE.UU. y en 1952 firmó su Constitución como ELA, lo que limita su autonomía en asuntos como protección de fronteras o acuñación de moneda.

La Asamblea General de la ONU sacó a Puerto Rico de la lista de colonias en 1953, aunque desde la década de 1970 el Comité de Descolonización aprueba cada año una resolución apoyando el derecho de los puertorriqueños a su autodeterminación y desde la isla se pide que el caso de la isla se discuta en la Asamblea General.

Los puertorriqueños tienen la ciudadanía estadounidense desde 1917, pero aunque las leyes federales apliquen en Puerto Rico, los boricuas que viven en la isla no tienen derecho a votar en las elecciones presidenciales.

Las ideologías de los tres partidos políticos históricos giran en torno a su postura con respecto al estatus político de la isla.

El Partido Nuevo Progresista (PNP) aboga por la anexión a EE.UU. como estado 51, el Partido Popular Democrático (PPD) defiende el fortalecimiento del ELA pero definiéndolo como soberano, y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) quiere la autodeterminación. EFE